Los inmigrantes detenidos en la denominada Operación Lago el pasado 24 de enero y que fueron encarcelados unos dos meses por una presunta vinculación con el terrorismo islámico que no pudo probarse comenzaron a reclamar el pasado viernes al Ministerio de Justicia indemnizaciones de unos 23.000 euros cada uno. 11 de los 17 afectados por la operación, la mayoría residentes en Banyoles (Girona) o poblaciones cercanas, han decidido reclamar por el tiempo que pasaron en prisión preventiva y porque el propio presidente del Gobierno, José María Aznar, dio por hecho que se trataba de terroristas a los que se había confiscado material para preparar atentados.
La investigación demostró que entre las sustancias confiscadas se encontraba detergente en polvo, aceite de oliva o papillas infantiles, y que los aparatos electrónicos en poder de los detenidos eran de uso común y no tenían nada que ver con la fabricación de bombas.
Las primeras seis o siete reclamaciones se presentaron el pasado viernes ante la Subdelegación del Gobierno en Girona, y ésta debe remitirlas al Ministerio de Justicia. Según explicó la semana pasada el letrado que ejerce la acusación, Sebastià Salellas, en caso de que el ministerio rechace las indemnizaciones, no están dispuestos a darse por vencidos. "Entonces no nos quedará otro remedio que recurrir al contencioso-administrativo", aseguró el abogado. Las reclamaciones incluyen documentación para acreditar los jornales que dejaron de percibir mientras estaban en presidio. Uno de los damnificados reclama también por el daño moral que le causó no poder estar presente en el nacimiento de su hijo. La respuesta del ministerio podría demorarse unos seis meses. Algunos de los detenidos presentarán también una reclamación paralela ante el Ministerio del Interior por los desperfectos causados en sus domicilios por la contundente actuación policial. Los agentes entraron de madrugada, metralleta en mano, y en algunos casos rompieron cerraduras y muebles.
La Audiencia Nacional archivó la causa contra los inmigrantes detenidos a finales de junio, tres meses después de que todos hubieran salido en libertad. Sólo en unos pocos casos fueron halladas algunas irregularidades en la documentación de los detenidos, pero ningún indicio que les pudiera relacionar con organizaciones terroristas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 7 de septiembre de 2003