El valenciano Antonio Vercher, fiscal de sala del Tribunal Supremo, no es partidario de "encorsetar mucho" el concepto de corrupción porque, entre otras razones, éste adquiere nuevas y cambiantes formas de manifestarse que convertiría en poco operativa una definición excesivamente estricta. La "novísima forma de corrupción es el urbanismo y la ordenación del territorio", afirmó ayer Vercher en la conferencia inaugural del seminario Corrupción: causas, efectos y tratamiento jurídico, que se desarrolla hasta el viernes en la sede de la UIMP de Valencia bajo la dirección del citado fiscal. No hubo ningún representante político en el acto de presentación del curso, contrariamente a lo que suele ser habitual y a pesar de la relevancia de muchos de sus ponentes.
Vercher citó algunos estudios y opiniones para ilustrar su discurso relativo a la "muy preocupante" corrupción urbanística: un ex director del CSIC, estudioso de la materia, ha señalado que la afluencia de dinero negro en el urbanismo es mayor que en las drogas, siendo España país de entrada; un informe de la revista The Economist concluye que en 2030 dos tercios de la población vivirá en zonas urbanas, mientras que en 1950 la proporción era sólo de un tercio; el Instituto de Criminología Andaluz incide en la presencia de grupos mafiosos en la Costa del Sol; un informe del pasado año de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) indica que mientras la construcción crece un 6% en Europa, en España el aumento es del 20%; Madrid se expande a tal ritmo que el Ayuntamiento ha tenido que contratar un servicio vía satélite para su control; España es el país europeo con mayor consumo de cemento, una situación que se viene repitiendo desde 1994. Y en este contexto, el último informe de la AEMA destaca que la expansión del cemento en el litoral valenciano "es aún más deplorable y más vergonzoso", en vehementes palabras de Vercher.
Tras apuntar que el precio de la vivienda ha subido un 91% en cinco años e incidir en los problemas medioambientales, el fiscal se introdujo en los profundos caladeros de la especulación, al tiempo que recordaba que la Constitución establece el derecho a la vivienda de los ciudadanos. Vercher destacó que el Banco de España ha detectado, tras la implantación del euro,
una nueva gran oleada de blanqueo de dinero negro que se dirige a la inversión en la vivienda. "Parte de la burbuja inmobiliaria se debe a la corrupción", apostilló.
El fiscal reclamó ética y acusó a la Administración de actuar en ocasiones con desidia y también por interés. En este último aspecto, criticó la práctica de los ayuntamientos que venden terrenos públicos para obtener ingresos y no subir los impuestos con un objetivo electoral. Las viviendas de protección oficial, en consecuencia, brillan por su ausencia, y las recalificaciones de terreno campan a sus anchas. Sacó a colación el caso paradigmático de Marbella y sus aledaños y alertó de que dicho modelo es trasladable en un futuro próximo a poblaciones como Torrevieja o Benicàssim, por ejemplo. Sin abandonar el contundente tono de su discurso, el fiscal exclamó que necesita denuncias para poder actuar, dada la dudosa independencia y autonomía que se le concede al fiscal anticorrupción. Carlos Jiménez Villarejo excusó su ausencia debido a su reciente dimisión como fiscal jefe anticorrupción, explicó Vercher.
El catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, José Juan Toharia, también señaló que el urbanismo es terreno abonado para la corrupción, y que incluso ésta es superior a la política, si bien centró buena parte de su intervención en la corrupción en la Administración de Justicia. Citando a Amartya Sen, apuntó que desarrollo económico y corrupción son "términos antitéticos". "Sin libertad y democracia, es imposible el desarrollo", añadió Toharia, en referencia sobre todo a los países en vías de desarrollo.
El sociólogo también reflejó las diferentes percepciones que tiene la población de la corrupción en función de la implantación de la misma, y puso el ejemplo del estudio en que los daneses y los venezolanos percibían que en sus países había el mismo grado de corrupción, lo cual "choca" con los datos objetivos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 9 de septiembre de 2003