La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia que la Junta de Andalucía presentó contra la caja cordobesa Cajasur, presidida por el sacerdote Miguel Castillejo. Anticorrupción informó el pasado viernes a la Fiscalía General del Estado de su intención de poner fin a la investigación, ya que no ha encontrado delito en los hechos denunciados, aunque apunta que se pueden imponer sanciones administrativas a la caja.
La Junta, presidida por el socialista Manuel Chaves, presentó el pasado 20 de febrero la denuncia, en la que apuntaba que los dirigentes de la caja podrían haber cometido delitos de falsedad documental y de apropiación indebida por 10,3 millones de euros.Fuentes de la Fiscalía General del Estado confirmaron ayer que Anticorrupción ha decidido archivar la denuncia, ya que de las diligencias se deduce que los dirigentes de la caja no han cometido ningún delito penal.
El informe del fiscal Alejandro Luzón da por zanjada la vía penal, pero, según Europa Press, apunta la posibilidad de imponer sanciones administrativas por el hecho de que algunos dirigentes hayan utilizado, presuntamente, fondos de la caja para asuntos particulares.
El Gobierno andaluz, que el sábado vinculó el posible archivo con el relevo de Carlos Jiménez Villarejo al frente de Anticorrupción, subrayó ayer el hecho de que el fiscal señale que puede haber lugar a sanciones administrativas, algo que, en su opinión, confirma la existencia de irregularidades en la gestión de la caja.
La Junta comenzó ayer a estudiar la sanción que, de acuerdo con esa vía administrativa, puede imponer a la entidad. Aunque Cajasur ha pasado a depender de Economía, en virtud de su fundación eclesiástica tras acogerse a la Ley Financiera, la Junta afirma que no le ha sido retirada la capacidad inspectora y sancionadora.
La denuncia contra Cajasur fue fruto de una inspección que realizó en la entidad cordobesa. Las irregularidades denunciadas se centraban en las remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno de la caja, que cobraron dietas de 240 euros por ir a misa, al cine o a un concierto de Rosa (Operación Triunfo); en el uso de los fondos de la obra social y en gastos en restaurantes, joyerías, viajes o seguros médicos privados.
Uno de los asuntos más polémicos que estaban en la denuncia era la póliza de 2,9 millones de euros que la caja suscribió a favor de Castillejo, de 73 años, para que éste cobrase una renta vitalicia cuando se jubilase. La póliza establece que la mitad de esta renta la heredarán las cuatro hermanas de Castillejo sucesivamente y de mayor a menor, hasta el fallecimiento de la última.
El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, interpretó el archivo como una "bofetada judicial" al Gobierno andaluz. Tras acogerse a la Ley Financiera, Cajasur renovó sus órganos de gobierno y fortaleció el peso de la Iglesia. También introdujo la figura del consejero delegado, puesto puesto que ocupa Francisco Jiménez Becerril, hermano del concejal asesinado por ETA Alberto Jiménez Becerril.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 9 de septiembre de 2003