El Estadio Nacional, el mayor campo de detención que tuvo la dictadura del general Augusto Pinochet, donde cerca de 30.000 partidarios del Gobierno de Salvador Allende fueron hechos prisioneros, torturados y asesinados, es hoy monumento nacional en homenaje a las víctimas. La puerta lateral de La Moneda, por donde salió el cadáver de Allende, tapiada con cemento por la dictadura y transformada en lugar de peregrinación por sus opositores, será rehabilitada. El Estadio Chile, donde Víctor Jara fue torturado antes de ser acribillado, será bautizado con el nombre del cantautor. A pocos días del 30º aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la primavera democrática pervive en la principal herencia de la dictadura, la Constitución Política del Estado que Pinochet hizo aprobar en 1980.
Concebida como una carta especial para Pinochet, y aprobada en un plebiscito sin garantías, los tres sucesivos gobiernos de la Concertación (Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos) no han podido derogarla. Aunque la Constitución ha sufrido numerosos cambios, sus disposiciones fundamentales siguen en pie. El sistema electoral y los senadores designados, que permiten desde 1990 a la minoría de derecha, la oposición, tener casi los mismos votos en el Parlamento que la mayoría gobernante de centro-izquierda. "Estamos a un paso de reformar completamente la Constitución, si no fuera por el sistema electoral binominal", explicó a este periódico el ministro del Interior, José Miguel Insulza. Los chilenos, según las encuestas, desean abrumadoramente reponer la facultad presidencial para remover los comandantes en jefe, suprimir los senadores designados, restar facultades al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), donde los jefes militares participan en igualdad de número con las principales autoridades civiles. Uno de los senadores que han negociado las enmiendas, el socialista José Antonio Viera Gallo, sostiene que el diseño constitucional de Pinochet, en realidad, nunca pudo ser aplicado en su integridad. "Pinochet gobernó desde 1980 con los artículos transitorios de la Constitución, que le daban un poder dictatorial. Cuando correspondía que entraran en vigor los artículos permanentes, perdió el plebiscito y debió negociar reformas. Aunque tomó grandes resguardos, en democracia ha habido nuevos cambios a la Constitución". Viera Gallo sostiene que "la Constitución no hace imposible el gobierno democrático, lo condiciona".
El cambio de actitud de la derecha es importante para que haya posibilidad de enmiendas constitucionales. Por el sistema electoral, la Constitución puede ser también un cepo para la oposición, en un eventual futuro gobierno de sus filas, si llegara a ser mayoría. La alienta además la necesidad de ganar credenciales democráticas para conquistar votos del centro. Quienes respaldaron al ex dictador están seguros que volverán a La Moneda en 2006, esta vez con el respaldo de las urnas. "El gran obstáculo de las reformas es el sistema electoral y la forma de elegir el Congreso", sostiene Insulza. "Los senadores designados, la forma de remoción de los comandantes en jefe, la reducción del periodo presidencial de seis a cuatro años, la dependencia de las policías del poder civil y otra serie de temas (constitucionales) serán bien o mal resueltos según si podemos resolver, o aislar por lo menos, el tema del sistema electoral", añade. Insulza no descarta la posibilidad de llegar a acuerdos con la derecha en todas las materias, dejando establecido un mecanismo de transición para modificar el sistema electoral.
De concretarse una salida transaccional de esta índole, el proceso de transición a la democracia, que en marzo cumple 14 años, tardaría todavía un tiempo más. El sistema de elección binominal, además de favorecer a la primera minoría, alienta la formación de dos grandes bloques. Uno de ellos es el que representa la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia (democratacristianos, socialistas, Partido Por la Democracia y radicales). El otro, la derechista Alianza por Chile (que integran dos partidos, la Unión Demócrata Independiente, UDI, y Renovación Nacional).
Aunque las reformas actualmente en juego fracasen, el jefe del Gabinete descarta llamar a un plebiscito constitucional, salvo que exista consenso para una reforma que lo permita. Ni la oposición ni el Gobierno desean una ruptura institucional o poner en peligro la estabilidad que permite a Chile tener bajo riesgo país y ser apreciado por los inversores extranjeros.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 9 de septiembre de 2003