Argentina entró ayer en suspensión de pagos técnica ante los organismos financieros multilaterales al no hacer efectivos los 2.900 millones de dólares del vencimiento de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Al cierre del horario bancario de Estados Unidos, las arduas negociaciones entre el Gobierno argentino y el FMI, que deberían permitir el anuncio este viernes de un programa de refinanciación de largo plazo de la deuda argentina, no habían llegado a buen puerto. Y, tal como lo señaló el presidente Néstor Kirchner, sin acuerdo no hay pago.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, afirmó que no se puede firmar lo que no se puede cumplir, y confirmó que Argentina no estaba en condiciones de pagar con sus reservas. A las cuatro de la tarde, hora local, el presidente Kirchner dio la orden oficial de no efectuar el pago. Anticipándose a la previsible cascada de reacciones, Kirchner había advertido a media mañana: "Que no nos vengan a asustar con el caos y las siete plagas. Ya lo hicieron y terminamos como terminamos". La postura de Kirchner recibió el respaldo de los presidentes de las dos cámaras del Parlamento y el cierre de filas del peronismo, mientras que la Bolsa de Buenos Aires reaccionó con una caída del 3,66%.
Formalmente, Argentina queda ahora no sólo en suspensión de pagos ante los acreedores privados, sino aislada del sistema financiero internacional. En la práctica, la situación es algo menos dramática, ya que en el caso de que un país incumpla sus compromisos con el FMI, la comunicación oficial del director gerente al Directorio Ejecutivo no se produce hasta dentro de un mes.
La de ayer es, por encima de todo, una señal que no contribuye a mejorar la imagen de Argentina de país poco confiable para los inversores. Pero, al mismo tiempo, la decisión del Gobierno argentino de no hacer efectivo el vencimiento de 2.900 millones de dólares no es tan sorprendente. Un diplomático europeo admitía ayer que cuando la negociación con el FMI sigue totalmente abierta, es lógico que la otra parte se reserve la mejor carta y no pague.
Los medios de comunicación han difundido hasta la saciedad los tres escollos que supuestamente impiden la firma del anhelado acuerdo, que debería renovar por tres años el que expiró el 31 de agosto. La disciplina fiscal que permita recaudar fondos para hacer frente a los acreedores, a través de un superávit fiscal primario para los dos próximos años; el aumento de tarifas de los servicios públicos privatizados (agua, luz, gas, telecomunicaciones), congeladas desde la devaluación del peso, y la compensación a los bancos que tuvieron que devolver en dólares los depósitos de los ahorradores que ganaron sus recursos de amparo.
Son tres elementos de un cuadro más amplio, en el que destaca por encima de todos la monumental deuda, que lleva más de un año en suspensión de pagos sin que el Gobierno se haya sentado a negociar con los acreedores. Es un problema que el presidente Kirchner heredó el pasado mayo, pero que ahora tiene en sus manos. Llega la hora de la verdad para el jefe del Ejecutivo, que ha dado muestras de voluntad de cambio y capacidad de decisión en cuestiones de alta rentabilidad electoral (depuración del Ejército, reforma de la Corte Suprema, anulación de las leyes de impunidad por los crímenes de la dictadura). El problema es que el primer desafío serio que afronta Kirchner coincide con un prolongado proceso electoral en todas las provincias argentinas, que comenzó en agosto y concluye en noviembre, en el que aspira a construir el poder político del que carece en la actualidad.
Campaña electoral
Los comicios del domingo próximo en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, 47,4% del electorado nacional, tienen gran importancia para la consolidación de Kirchner y las fuerzas que le respaldan. No es sorprendente, pues, que en plena campaña, sea más difícil aceptar según qué cláusulas un acuerdo con el FMI. El alza de las tarifas de los servicios públicos privatizados es el mejor ejemplo.
Decir no a un aumento de las tarifas es popular en un país donde gran parte de la ciudadanía no podría pagarlo. Ayer mismo, el centro de Buenos Aires quedó colapsado por grupos de manifestantes que clamaban contra el pago de la deuda externa y la subida de tarifas. La atención hacia el FMI se desvió por un momento hacia France Télécom, que anunció su retirada del país.Si de malas señales se trata, el anuncio no podía producirse en peor momento para los intereses del Gobierno.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de septiembre de 2003