El Gobierno vasco interpondrá hoy una demanda contra el Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo (Francia) por considerar que tanto la Ley de Partidos como la sentencia del Tribunal Constitucional que la declaró conforme a derecho, tras rechazarse la recusación contra su presidente, Manuel Jiménez de Parga, contravienen derechos recogidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. En concreto, el Gobierno vasco cree que se le negó en su recurso de inconstitucional el derecho a un juez imparcial y a un proceso equitativo.
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El Gobierno vasco, formado por PNV, EA e IU, decidió en su reunión de ayer interponer una demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por considerar que tanto la Ley de Partidos, que dio lugar a la ilegalización de Batasuna por parte del Tribunal Supremo, como la sentencia del Constitucional que declaró su constitucionalidad contravinieron derechos recogidos por el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos.
Aunque el texto íntegro de la demanda no se conocerá hasta hoy, el portavoz del Gobierno, Josu Jon Imaz, dio ayer cuenta del grueso de sus argumentaciones y explicó que la presentación de la demanda persigue que "el Tribunal de Estrasburgo repare la grave vulneración de principios y valores democráticos y las libertades y derechos fundamentales" que a juicio del Gobierno vasco se han visto coartados por la Ley de Partidos.
"El derecho de la ciudadanía vasca al pluralismo político, la libertad de asociación y el derecho a un juez imparcial están por encima de las coyunturas políticas", reclamó Imaz.
El Gobierno vasco pone en primer plano la vulneración de su derecho a disponer de un juez imparcial y un proceso equitativo, al haber participado el presidente del Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, en la sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el ejecutivo autonómico.
El anuncio de la demanda fue acogido con disgusto por los partidos de la oposición, el PP y el PSE, que estimaron que el Gobierno vasco defiende con ella a ETA y a quienes amparan a la banda terrorista. Los directamente concernidos, la ilegalizada Batasuna, despreciaron a su vez la iniciativa tildándola de "fuegos de artificio".
La demanda se justifica en la vulneración de tres derechos y principios: el derecho a un juez imparcial y a un proceso equitativo, el principio de legalidad penal y el derecho a la libertad de asociación, protegidos en los artículos 6, 7 y 11 del Convenio respectivamente.
Distintas fuentes jurídicas consultadas albergan dudas sobre las posibilidades de admisión a trámite que tiene la demanda, ya que al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos sólo pueden acudir los directamente perjudicados por la conculcación de derechos que se denuncie. En este caso, sería el partido ilegalizado o, en una interpretación más extensiva, y siempre después de agotados los recursos judiciales internos, cualquier partido político que estimara en peligro sus derechos por la existencia de la Ley. Otras fuentes estiman que en la medida que se trata de derechos fundamentales de las personas, habrá que esperar a conocer cómo argumenta el Gobierno vasco su legitimidad para asumir la iniciativa.
Es la primera vez que un gobierno autonómico ejercita una demanda de este tipo. El PNV desistió hace cinco años de actuar ante ese tribunal para denunciar el alejamiento de los presos de ETA de sus domicilios, al considerar que sólo podían hacerlo las personas directamente afectadas, los propios presos o sus familiares.
En todo caso, el Ejecutivo autonómico sí puede esgrimir su condición de perjudicado directo en la primera de las vulneraciones que denuncia: la relativa al derecho a contar con un juez imparcial y un proceso equitativo.
Jiménez de Parga
El Gobierno vasco refiere esta vulneración no a la propia Ley de Partidos, sino al proceso que siguió su recurso de inconstitucionalidad contra ella. El Ejecutivo autonómico pidió por dos veces la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, después de que éste realizara manifestaciones públicas que revelaban una predisposición a la hora de enjuiciar la Ley. Hubo, según el Gobierno vasco, "pública y palmaria falta de imparcialidad". El Ejecutivo nacionalista recuerda ahora que Jiménez de Parga declaró: "Que lo hagamos lo mejor que sepamos y consigamos una ilega... digo, una solución favorable". Pese a ello y a que cinco magistrados apreciaron que debía apartarse, Jiménez de Parga se mantuvo en la deliberación y fue ponente de la sentencia.
Los otros dos principios reclamados son el de legalidad penal y el de libertad de asociación. El primero se considera vulnerado por la "retroactividad" que el Gobierno vasco sigue sosteniendo que existe en la Ley, al tenerse en cuenta la "trayectoria" de un partido a la hora de decidir su ilegalización. La introducción de ese concepto, afirma el Gobierno vasco, burla el principio de irretroactividad establecido en el artículo 9.3 de la Constitución. La demanda aduce también que la delimitación de las conductas delictivas en la Ley de Partidos es "ambigua, farragosa e imprecisa" y deja "a la subjetividad del juez la determinación de qué conductas son o no punibles".
"Van a hacer el ridículo", dice el PP
La demanda del Gobierno vasco reitera los argumentos que ya usó en su recurso de inconstitucionalidad. La Ley de Partidos, afirma la demanda, introduce límites que no encuentran fundamento en la Constitución, adquiere un sesgo de medida de excepción, restringe derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos y fuerza en extremo el funcionamiento del principio de separación de poderes. Asimismo, a su juicio limita la actividad de los partidos, tiene un sesgo de medida de excepción.
El Gobierno vasco pretende que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declare que la sentencia del Constitucional se dictó "con infracción del derecho a un tribunal imparcial", en alusión a Manuel Jiménez de Parga; que declare que los preceptos impugnados en aquel recurso infringen derechos recogidos en el Convenio Europeo y que obligue al Gobierno español a adoptar las medidas precisas para dejar sin efecto los artículos de la Ley recurridos y "todas las actuaciones que se hubieran sustanciado" en aplicación de ellos. Esto incluiría la propia ilegalización de Batasuna.
Tanto el PP como el PSE criticaron la actuación del Gobierno vasco y desearon que los jueces europeos le den "una respuesta adecuada". El portavoz socialista, Rodolfo Ares, afirmó que el Ejecutivo autonómico, que ya ha "aburrido a España" quiere ahora "aburrir al conjunto de Europa", juzgó que su iniciativa responde a la necesidad de Ibarretxe de contar con Batasuna para sacar adelante su plan soberanista y de seguir "pescando" en su electorado. El Partido Popular le acusó de ser "defensor a ultranza de ETA y Batasuna", y vaticinó que la demanda sólo le servirá para "hacer el ridículo".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de septiembre de 2003