El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de la Presidencia, Javier Arenas, afirmó ayer que los primeros informes de los que dispone el Ejecutivo sobre la situación del Ayuntamiento de Marbella no muestran que se den los supuestos legales que permitan disolver esa corporación municipal. Arenas avanzó ese dato en su respuesta a una interpelación planteada en el Pleno del Congreso por el diputado de IU José Luis Centella, que pretendía conocer qué actuaciones piensa adoptar el Gobierno para la regeneración democrática de la ciudad malagueña y sus criterios para aplicar una posible disolución.
Arenas expresó la "desolación"del Gobierno por lo que está ocurriendo en Marbella, por los "inaceptables comportamientos tránsfugas" y por la "pésima gestión municipal". Explicó, no obstante, que la Ley de Bases de Régimen Local y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional son restrictivas en las causas para poner en marcha la disolución, que deben incluir ataques graves a los intereses generales e incumplimientos reiterados de las obligaciones constitucionales. La disolución, añadió, es una medida tan grave que no se ha adoptado en los 25 años de democracia pese a que ha habido gobiernos municipales "muy negativos, muy negligentes y muy incapaces". Aunque coincidió con el diputado que le interpeló en que la situación de la ciudad es "deplorable", señaló que eso no le convierte en un "irresponsable que se salta la ley" y subrayó que no se puede proponer la disolución de una corporación "por razones políticas, oportunismo electoral o juicios de valor" sino sólo con el amparo de la ley y la doctrina del Tribunal Constitucional.
Arenas explicó que el Ministerio de Administraciones Públicas, del que era titular hasta hace unos días, está redactando informes y estudios sobre ese asunto que de momento indican que no hay causa de disolución. Arenas agregó que esa postura no presupone que en algún momento sí se dan las causas para poner en marcha el mecanismo de disolución, y explicó que el Gobierno debe moverse siempre en el respeto a la autonomía local y a las elecciones recientemente celebradas en las que, recordó, han salido elegidos los concejales que luego han formado Gobierno.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de septiembre de 2003