El Parlamento Europeo se mostró ayer en general receptivo con la denuncia presentada por una delegación de alcaldes de la Comunidad de Madrid, que piden compensaciones por la ampliación del aeropuerto de Barajas, que, entre otras cosas, ha supuesto el desvio de casi dos kilómetros del cauce del Jarama. Los regidores de 11 de los 20 municipios afectados aportaron más documentación en la reunión que tuvieron ayer con los miembros de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.
"Hemos encontrado el apoyo de los representantes de los grupos Socialista, Izquierda Unida y Verdes, pero no del Popular", declaró Trinidad Rollán, alcaldesa socialista de Torrejón de Ardoz, quien subrayó la voluntad de todos de no cejar en el empeño. "El daño está ya hecho, pero vamos a exigir compensaciones al Gobierno en esta instancia, en los tribunales ordinarios españoles o en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo", subrayó.
Los municipios afectados son 20 y en ellos viven aproximadamente medio millón de personas. La delegación que viajó a Torrejón de Ardoz estuvo formada por los alcaldes de Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, Coslada, Rivas-Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes, Loeches, Paracuellos del Jarama, Belvis del Jarama, Ajalvir, Cobeña y Algete.
La ribera del Jarama
Los afectados responsabilizan al Gobierno español de "cometer un atentado" contra la ribera del río Jarama, integrada en la red europea Natura 2000 de protección medioambiental, y por el desvío y canalización de dos kilómetros de su cauce que, según estos ayuntamientos del llamado Corredor del Henares, "puede propiciar riadas incontroladas".
El Parlamento Europeo es por ahora la única vía que los denunciantes han utilizado fuera de España, aunque continuarán su batalla en caso de que su petición no sea completamente aceptada. Los ediles, que no han tenido por el momento ningún contacto con la Comisión Europea, sostienen que la construcción de la cuarta y quinta pista de Barajas "incumple la directiva europea sobre protección de flora y fauna silvestres".
La alcaldesa de Torrejón declaró ayer a EL PAÍS antes de regresar a España que "las propias autoridades españolas admiten haber violado esta directiva, como se desprende de la declaración sobre impacto medioambiental presentada en diciembre de 2001".
Los ediles aportaron al Parlamento Europeo más documentación, con pruebas fotográficas, sobre los daños que la obra, que se halla ya en fase final, ha causado especialmente en el río Jarama. Y se han comprometido a enviar más información antes de que la comisión de la Eurocámara dé su opinión el próximo diciembre. "Hemos encargado también informes a las cuatro universidades de Madrid y las enviaremos al Parlamento", dijo la alcaldesa Rollán.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de septiembre de 2003