El servicio gratuito de orientación jurídica a mayores, abierto en enero por la Consejería de Servicios Sociales para solventar las dudas legales que éstos tienen sobre pensiones, herencias o arrendamientos, ha atendido en estos meses a 3.500 jubilados.
El perfil del usuario es, en un 60% de los casos, el de un hombre casado de 66 a 70 años, aunque el consejero de Servicios Sociales, José María Alonso Seco, destaca "con satisfacción" que un 44% de los mayores atendidos son mujeres. La mayoría consulta cuestiones relacionadas con las herencias y el patrimonio.
Alonso Seco asegura que en marzo de 2004 está previsto incrementar el número de letrados encargados de este servicio realizado a través de un convenio con el Colegio de Abogados de Madrid. Ahora hay nueve. También proyectan ampliar la periodicidad de las consultas.
Los letrados atienden a los jubilados de forma permanente en la oficina central del servicio, ubicada en Agustín de Foxá, 31 (Chamartín) y también en los 31 centros de mayores de la Comunidad, a los que acuden en días fijados. Pero para recibir atención hay que solicitar una cita previa en el Teléfono del Mayor (900 101 011) o en el 91 420 89 69 en horario de 9.30 a 13.30.
El servicio, gratuito para los usuarios, cuesta 90.000 euros anuales a las arcas regionales. En principio está destinado a los mayores, pero a él también puede acudir personal de las ONG e instituciones que trabajan con ancianos. En él se ofrece consejo, pero no se facilita asistencia letrada en causas judiciales, ya que para eso está el turno de oficio.
Por otra parte, la Dirección General del Mayor de la Comunidad ha concertado con la empresa Sanyres 160 nuevas plazas residenciales para ancianos. Pese a estar convenidas con una entidad privada los usuarios pagan por estas plazas lo mismo que en un geriátrico público.
Madrid tiene 13.000 camas geriátricas públicas (tanto de gestión directa de la Comunidad como concertadas). Hay, además, otras 21.000 camas privadas. Unos 17.000 mayores han solicitado un plaza geriátrica pública, aunque, según Servicios Sociales, sólo 10.000 la necesitan en la actualidad. El resto -asegura la Consejería- la piden por si la precisan en un futuro.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de septiembre de 2003