El Gobierno de Aragón ha sido el primero en exigir a Amena el pago de casi medio millón de euros para material escolar.
En 1999 Amena ganó la tercera licencia de telefonía móvil con una oferta económica que incluía una ayuda a la alfabetización digital en los pueblos de la autonomía por valor de 55 millones de euros.
Por el citado convenio, firmado por el entonces ministro de Educación, Mariano Rajoy, Amena se comprometía a poner un ordenador y una impresora en cada municipio con menos de 5.000 habitantes. Hasta el año en curso, Amena había ido cumpliendo su compromiso y se había gastado 37 millones de euros.
Sin embargo, unos meses antes de dejar su cargo al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué eximió a Amena de seguir pagando el citado material escolar a las autonomías. Ahora, en un comunicado, el Gobierno de Aragón informa que "ha solicitado a Retevisión Móvil SA la entrega e instalación del equipamiento previsto por el convenio firmado por las dos partes el 25 de enero de 2001 para la implantación de nuevas tecnologías de información y comunicación en la comunidad autónoma aragonesa".
El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, "ha cumplido este año los compromisos que por su parte implica dicho convenio y, por tanto, pide ahora a Retevisión Móvil que entregue e instale el equipamiento referido en el convenio y que para el año 2003 tiene un importe de 445.880 euros".
Protesta autonómica
En la reunión de julio entre el Ministerio de Educación y los representantes autonómicos, éstos expresaron su contrariedad y su ánimo de exigir unilateralmente el pago a Amena, al considerar que, al margen del acuerdo con Educación, había acuerdos bilaterales entre la compañía y cada autonomía, que no han sido denunciados en el plazo reglamentario. Andalucía, Cataluña y Extremadura anunciaron que exigirían el dinero a Amena, pese al perdón ministerial.
Los distintos representantes autonómicos acordaron en la reunión de julio volverse a poner en contacto a mediados de este mes para intentar llevar una respuesta conjunta ante Educación y ante la operadora telefónica para intentar cobrar el dinero previsto en el acuerdo de 1999.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de septiembre de 2003