El Tribunal Superior de Justicia ha anulado el acuerdo adoptado en abril de 2001 por el Ayuntamiento guipuzcoano de Lizartza, entonces en manos de Batasuna, que aprobó una normativa para expedir a vecinos del municipio el llamado DNI vasco, al considerar que se trata de una actuación "palmariamente ilegal".
El abogado del Estado alegó en su recurso que "la actuación no tiene cabida dentro de los márgenes trazados por la legislación vigente y atenta contra el propio reparto competencial consagrado en la Constitución", que en su artículo 149 atribuye al Estado "la competencia exclusiva en materia de nacionalidad", según informa Europa Press.
La sentencia señala que la actuación municipal "pretende suplantar al Estado en el ejercicio de una competencia que por puras razones de necesidad, debe revestir naturaleza estatal". A juicio del máximo tribunal vasco, en definitiva lo que se pretende es "orillar la funcionalidad de un documento del que se sirve el Estado para dar fe de la condición de nacional".
La sentencia condena al consistorio guipuzcoano, cuyo actual alcalde es el portaboz del PNV, Joseba Egibar, tras las últimas elecciones locales, al pago de las costas del proceso.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 22 de septiembre de 2003