El sector más conservador de la magistratura puso en un brete el pasado abril al ministro e Justicia, José María Michavila, al aprobarse por el sector mayoritario del Consejo del Poder Judicial un inesperado informe para cambiar la Ley del Jurado, de forma que cuando un tribunal del jurado no obtuviese un veredicto, el asunto fuese sometido a un tribunal de jueces de carrera.
Michavila, que apenas pudo ocultar su contrariedad, manifestó que estudiaría "con interés" el informe aunque no ocultó que llevaba "30 meses de diálogo y reflexión" con el PSOE sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial y el texto había quedado acordado y cerrado antes del trámite de informe del Consejo. Así que, tras expresar el Gobierno un diplomático interés, el informe quedó aparcado. Hasta ayer, en que al rebufo de la situación de ruptura o desvinculación del Pacto por parte del PSOE, la reforma de la institución del Jurado recobró repentinamente toda su vigor y actualidad.
La reforma puede alcanzar dos niveles, según fuentes jurídicas. El primero y más radical consistiría en la sustitución del actual sistema de jurado puro o anglosajón por el jurado mixto o tribunal de escabinos, integrado por jueces y legos en Derecho. Este es el modelo que figuraba inicialmente en la propuesta de Pacto de Estado ofrecida por el entonces ministro Ángel Acebes y que fue sustituida por ser inaceptable por el PSOE, por una vaga "readaptación del sistema de jurado a la luz de la experiencia observada en su funcionamiento".
El segundo nivel, según el modelo diseñado por la derecha judicial, propone que en los casos en que tras dos juicios, el actual tribunal del jurado no obtenga un veredicto, en lugar de absolver al acusado, como está previsto ahora, éste sea juzgado por un tribunal de magistrados de carrera. Los defensores del actual modelo opinan que la absolución, en esos casos es coherente y no supone un "fracaso" del jurado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 23 de septiembre de 2003