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La Cámara pide a la Junta un plan para recuperar cadáveres de la guerra civil

La iniciativa pretende identificar a las víctimas políticas del franquismo

El pleno del Parlamento andaluz aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley del PSOE en la que se insta al Consejo de Gobierno a crear "de manera urgente" un grupo de trabajo para la recuperación de los restos de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la posguerra. Además pide a la Junta elaborar un Plan de Actuación en el que se establezca el protocolo a seguir para estas búsquedas y exhumaciones.

El plan deberá recoger la coordinación con los ayuntamientos, las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones de familiares interesadas en la identificación de las víctimas. La propuesta reitera el reconocimiento público y moral de respeto a aquellas personas asesinadas en la Guerra Civil por defender valores republicanos, y la necesidad de "ayudar a reparar el sufrimiento de sus familiares y amigos" mediante actos de homenaje, actuaciones para la recuperación de identificación de los restos y estudios sobre lo realmente acontecido "para contribuir a completar la historia". Esta iniciativa se produce después de que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunciara en el último pleno de la Cámara que el Consejo de Gobierno aprobará antes de que finalice el año una norma (orden o decreto) que recogerá un plan de actuación que permita la identificación geográfica de todas las fosas existentes en Andalucía con los cadáveres de las víctimas de la Guerra Civil. El plan de actuación contará con una cobertura económica "adecuada" y tendrá además como fines los de posibilitar la identificación de los cadáveres enterrados en las fosas comunes y rendir los honores necesarios a quienes entregaron su vida por la libertad, la democracia y la Constitución. En diversas ocasiones, el Parlamento de Andalucía ha debatido y aprobado cuestiones relacionadas con los represaliados políticos por la Guerra Civil y la posguerra en España y, como consecuencia de una de ellas, el Gobierno andaluz acordó un decreto por el que se establecieron indemnizaciones a ex presos y represaliados políticos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 26 de septiembre de 2003