La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo rechazó ayer citar a declarar personalmente al presidente y 10 magistrados del Tribunal Constitucional en la demanda interpuesta contra ellos por un abogado de Murcia, José Luis Mazón, al que rechazaron un recurso de amparo contra la designación "a dedo" de las plazas de letrados del propio Constitucional. El abogado demandante reclama una indemnización de 11.000 euros por "dolo civil" o "culpa grave" de los magistrados constitucionales.
El presidente de la Sala de lo Civil, Ignacio Sierra, instó a las partes a llegar a un acuerdo, pero al no conseguirlo, inició la vista.
El origen de la demanda fue una sentencia del Tribunal Supremo que rechazó un recurso de Mazón contra la libre designación de los letrados del Constitucional. El letrado recurrió en amparo, pidiendo la abstención de todos los magistrados constitucionales por "interés directo" en la causa. El alto tribunal inadmitió el recurso al entender que se dirigía "no a este Tribunal Constitucional, sino a otro hipotético que le sustituya".
En su propuesta de prueba, la abogada del demandante pidió la comparecencia personal de los 11 magistrados constitucionales para ser interrogados, porque "sólo a través de sus declaraciones podrá establecerse si ha habido dolo o sólo culpa grave". "El elemento intencional sólo es posible apreciarlo mediante la declaración de los demandados", añadió.
Sin embargo, el abogado del Estado pidió que no se admitiese la comparecencia personal de los jueces constitucionales al tratarse de una prueba "inútil". "Nadie discute que el Pleno del Tribunal Constitucional archivó un recurso de amparo presentado por el abogado Mazón, pero ése es el único hecho que recoge de la demanda, por lo que el interrogatorio de los magistrados no va a aportar nada", alegó.
La Sala dio la razón a la Abogacía del Estado y declaró la prueba "inútil". Una vez finalizada la vista, se dictará sentencia en un plazo de 20 días.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 26 de septiembre de 2003