Leo en EL PAÍS del 18 de septiembre: "... según una encuesta encargada recientemente por el Consejo General del Poder Judicial, el 57% de los ciudadanos que sufrieron demoras de más de dos años (... en la celebración de sus juicios...) responsabilizan a la Administración de Justicia". El PSOE, por su parte, echa la culpa al ministro Michavila y amenaza con romper el Pacto por la Justicia...
Hoy por la tarde, sin embargo, sesteo ante el televisor saltando de una cadena a otra y descubro, de pronto, sospechosos indicios de lo que podría ser la verdadera razón del colapso de la justicia en nuestro país: en cuatro programas distintos (todos ellos del corazón), y de forma simultánea, se enfrenta
una nutrida turba de personajes de diverso linaje (e idéntico pelaje) bajo una delirante lluvia de insultos, amenazas y descalificaciones acerca de sus vidas sexuales, profesionales (?), familiares, etcétera.
En una hora escasa de fragor televisivo, asistí, en riguroso directo, a la interposición de ¡nueve! (las conté) querellas criminales. Pero lo que me hizo reflexionar es que todos los querellantes coincidían, sospechosamente, en tres cosas: a) ninguno de ellos tenía ocupación o profesión conocida; b) todos ellos empleaban el verbo "meter" antecediendo al sustantivo "querella"; c) todos ellos daban a entender que tenían a más de un abogado trabajando para ellos ("mis abogados").
Estas coincidencias ponen de manifiesto, en primer lugar, que todos ellos habían recibido instrucciones previamente (colapsar la Administración de Justicia "metiendo" querellas sin ton ni son); en segundo lugar, que están "liberados" o a sueldo de un alguien o algo inconfesable, y en tercer lugar, que disponen de todo un aparato legal a su servicio que, difícilmente, podrían permitirse por sí mismos.
Señor Michavila, ¿no cree que podría tratarse de una campaña orquestada por la oposición para desacreditar su gestión? Sabe que no sería la primera vez... (Prestige, Irak...). Debería investigarlo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de septiembre de 2003