El Congreso de los Diputados aprobó ayer tarde una proposición no de ley, firmada por los grupos parlamentarios del PP, PSOE, CiU y CC, en la que "deplora el cierre del Centro Cultural de España en La Habana, decidido unilateralmente por el Gobierno cubano". La proposición pide que "en Cuba se respeten los derechos humanos" y "que se instaure la democracia en ese país".
La firma conjunta de los cuatro grupos aseguraba la aprobación de la iniciativa, de forma que los oradores subieron a la tribuna para desgranar parecidas razones a la hora de proponer la condena por el cierre del centro español en La Habana.
Gustavo de Arístegui (PP) habló de "claro anacronismo" para referirse a la dictadura cubana. Luis Yánez (PSOE) habló de acontecimiento "insólito, injustificado y arbitrario" que muestra la existencia de un régimen temeroso de la libertad de expresión. Pere Grau (CiU), con parecidos argumentos, expresó su apoyo a los demócratas cubanos que pretenden reformar el régimen castrista. Y Luis Mardones (CC) atribuyó toda la responsabilidad de lo ocurrido al Gobierno de Castro.
Francisco Rodríguez (BNG) puso el contrapunto al acusar al Gobierno del PP de mantener una actitud excesivamente rígida con las autoridades cubanas, y aseguró que el régimen de la isla no es "ni el más deplorable del mundo ni el más contrario a los derechos humanos".
José Luis Centella (IU) también atacó al Gobierno español acusándolo de mantener una actitud de hostigamiento por su relación con "el imperio", en clara referencia a Estados Unidos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 1 de octubre de 2003