El Pleno del Congreso, con los votos de PP y CiU, rechazó ayer una moción de IU, con una enmienda técnica del PSOE, en la que, fundamentalmente, se pedía una auditoría pública externa de Antena 3, en el caso de que la empresa solicite autorización para despedir trabajadores. La cadena privada tiene en marcha un expediente de regulación de empleo que afecta a 390 personas.
Felipe Alcaraz, en nombre de IU, desgranó razones políticas para explicar que las dificultades de Antena 3 nacieron del intento del Gobierno de José María Aznar para controlar un grupo multimedia.
Máximo Díaz-Cano (PSOE) incidió en la misma línea y recordó que un secretario de Estado de Comunicación (en referencia Miguel Ángel Rodríguez) amenazó al accionista principal de Antena 3, Antonio Asensio, "con la cárcel si no vendía sus acciones". También, esta vez de manera expresa, citó a Pedro Antonio Martín Marín, igualmente secretario de Estado de Comunicación, como consejero de Antena 3 y subrayó el "sarcasmo" de que Martín Marín pueda seguir ahora como "independiente".
Eugenio Azpiroz (PP) insistió en que se trata de una empresa privada y recordó que la auditoría habrá de realizarse por exigencia legal y porque la impondrá, si llega el caso, "la autoridad laboral".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 1 de octubre de 2003