El PP no parece dispuesto a dejar morir la polémica sobre la gestión de la Junta de Andalucía en materia de justicia, un tema en el que tiene la competencia de gestionar los medios personales y materiales. El portavoz parlamentario del PP, Antonio Sanz, hizo ayer una censura general de la labor realizada por el Gobierno andaluz en este asunto. "Ha sido un fracaso", dijo Sanz.
Estas críticas del PP se producen seis días después de que el ministro de Justicia, José María Michavila, dijese que la justicia en Andalucía "está a la vanguardia de la mejora del proceso de modernización" gracias al "trabajo en común" del Gobierno central y de la Administración andaluza.
Michavila hizo este elogio el pasado sábado en Córdoba para intentar apagar el fuego ocasionado por una intervención suya en el Congreso de los Diputados en la que relacionó los fallos judiciales cometidos en el crimen de Rocío Wanninkhof con la gestión de la Junta. A una pregunta del PSOE, Michavila afirmó: "Y quizás no es casualidad que el problema que usted ha señalado se produzca allí donde la Junta de Andalucía tiene en materia de Justicia las mismas competencias que tiene el Ministerio de Justicia".
La polémica causada por estas palabras forzó al ministro a apaciguar los ánimos con esa mención acerca de que la justicia en Andalucía está "a la vanguardia" de la modernización.
Una opinión de la que ayer se separó Sanz, quien dijo que la gestión de la Junta ha supuesto "un retroceso" de la justicia en la comunidad. "Ahora hay más lentitud, más abandono y menos medios", dijo el portavoz popular, quien centró sus reproches en las infraestructuras y en los medios materiales de los juzgados.
La consejera de Justicia, Carmen Hermosín, replicó a Sanz, al que acusó de "mentir" y de ser un "ignorante", informa Europa Press. Hermosín emplazó a Sanz a que demande el Gobierno central que pague a la comunidad al menos 60 millones de euros por la puesta en marcha de nuevos órganos judiciales, por la entrada en vigor de nuevas leyes y por las "deficiencias" en los decretos de transferencias.
Precisamente, el Parlamento andaluz abordará en el pleno de la próxima semana una proposición no de ley que firmaron todos los grupos, menos el PP, en la que la Cámará manifestará su "total rechazo" a las manifestaciones de Michavila por constituir una "ofensa al pueblo andaluz en su conjunto".
Sanz señaló que esta iniciativa no es más que "una cortina de humo" para ocultar las carencias de la justicia en la comunidad. El dirigente popular también relacionó la decisión del PSOE de romper el Pacto de la Justicia con la gestión realizada en este asunto por el Gobierno autonómico. "La Junta ha incumplido el pacto porque no ha realizado inversiones", señaló el dirigente del PP.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de octubre de 2003