El equipo de Cáritas del barrio marítimo de Valencia inistió ayer en la "inmediata restitución" de la Prestación Económica Reglada (PER) -suspendida por falta de fondos en esta partida de la Consejería de Bienestar Social- hasta que se elabore la ley de rentas mínimas garantizadas, una normativa que la responsable del departamento, Alicia de Miguel, se ha comprometido a sacar adelante. La PER son ayudas que percibían hasta el verano más de 600 familias en riesgo de exclusión social que junto un apoyo económico de algo más de 300 euros mensuales comportan medidas de integración social y laboral.
"No existe mayor desfachatez política que negar públicamente que en la ciudad de Valencia existan situaciones de falta de recursos económicos", apunta el equipo de Cáritas Arciprestal San Pío X, que comprende las parroquias de los barrio del Cabanyal, Canyamelar y la Malva-rosa, en una nota. "¿Qué les pasa a los políticos?, ¿los que formamos la sociedad civil servimos sólo para conseguir el objetivo de déficit cero, supliendo los servicios públicos?". En el escrito, añaden que esta denuncia "como cristianos, únicamente pretende que éstas personas [que se han quedado sin ayudas] sean atendidas debidamente por las instituciones públicas a quienes corresponde velar por sus derechos constitucionales".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de octubre de 2003