La coalición Entesa Catalana de Progrés, que aglutina en el Senado a PSC, ERC e ICV, presentó ayer una proposición de ley para crear un registro público de seguros de vida que permita a los ciudadanos conocer si una persona fallecida ha suscrito alguna póliza de este tipo y con qué compañía. Este registro pretende garantizar que los beneficiarios de un seguro de vida reciban el capital asegurado, pues las entidades aseguradoras no están obligadas a comunicar su existencia al beneficiario que la desconoce. Además, el derecho a reclamar el dinero prescribe al cabo de cinco años.
La proposición de ley obliga a las aseguradoras a inscribir en el registro, dependiente del Ministerio de Justicia, todos los seguros que les sean contratados con cobertura de fallecimiento, a excepción de las pólizas colectivas y aquellas de duración inferior a un año. Cualquier persona podrá acceder al registro, aunque sólo se le informará de la existencia del seguro y la entidad aseguradora con la que se ha suscrito.
De este modo, según explicó el senador Ramón Espasa, se salvaguarda el derecho a la intimidad del tomador del seguro, uno de los escollos esgrimidos por el Gobierno y la patronal de las aseguradoras, Unespa, para dar el visto bueno al registro.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 4 de octubre de 2003