La consejera de Enseñanza de la Generalitat catalana, Carme-Laura Gil, mantiene su palabra de recurrir cada uno de los decretos de la Ley de Calidad (LOCE). Ayer, tras la celebración del Consejo de Ministros, que desestimó por "infundados" los requerimientos presentados por la administración catalana contra cinco decretos, el gobierno de la Generalitat decidió finalmente que presentará sendos recursos ante el Tribunal Constitucional. Una de las normativas que genera más rechazo en el departamento de Enseñanza es el Real Decreto que fija en cuatro las horas mínimas de clases de castellano semanales, porque "impide destinar el tiempo necesario a la enseñanza del catalán", de forma que "da lugar al desequilibrio" lingüístico e "impedirá alcanzar los correspondientes objetivos de conocimiento de las dos lenguas", informa Europa Press.
Gil ya anunció el pasado mes de julio que las escuelas catalanas "redistribuirán" las cuatro horas de castellano en dos horas de estudio de esta lengua más otras dos de "estructuras comunes" con el catalán. Para la Generalitat, estas disposiciones exceden el alcance de las competencias básicas del Estado porque hacen una definición demasiado exhaustiva de los contenidos de cada curso.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 4 de octubre de 2003