La juez del Juzgado 16 del Crimen de Santiago, Rosa María Pinto, inició ayer el proceso penal contra el matrimonio de invidentes canarios que quería adoptar a un bebé chileno de tres meses. La pareja, que pagó 15.000 dólares, está acusada de violar la ley de adopción de menores. Después de interrogarles y notificarles su procesamiento, la juez ordenó que los acusados (el matrimonio español y el abogado chileno que tramitó la adopción) sigan detenidos en la penitenciaría de Santiago.
Francisco Gil Acosta, de 47 años, y María Mateo Báez, de 42, llegaron a Chile el 16 de junio de este año con la finalidad de adoptar legalmente a un niño menor de un año. Sin embargo, debido a sus limitaciones físicas, recibieron una respuesta negativa, según el Servicio Nacional de Menores (Sename). Con el apoyo del abogado Alejandro López del Campo, el matrimonio español negoció una nueva adopción, esta vez directamente, con la madre del menor.
En el aeropuerto internacional de Santiago, el lunes pasado, cuando estaban listos para embarcarse en un vuelo de Iberia con el bebé y rumbo a las islas Canarias, una carabinera, Mariela Cordero, sospechó de la situación. Ella recordaba que, cuando el matrimonio llegó a Chile, lo había hecho sin un bebé y que la mujer no estaba embarazada. Incluso les había ayudado a conseguir un taxi. La juez Pinto estableció en el auto de procesamiento que el matrimonio infringió el artículo 41 de la ley de adopción, que prevé penas de entre 61 días y cinco años de cárcel.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 5 de octubre de 2003