Cuatro años difíciles para el Gobierno de Jordi Pujol en cuestiones medioambientales. Si ecologistas, científicos, partidos políticos, plataformas ciudadanas se habían mostrado contrarios a la puesta en marcha de la central de ciclo combinado de Enron a orillas del Ebro y del trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos del río, parecía que en la necesidad de impulsar la energía eólica no tenía por qué haber discrepancias. Pero sí las ha habido, y muchas: 4.752 alegaciones se presentaron al proyecto de mapa eólico confeccionado en 2001 por el Departamento de Industria y Medio Ambiente.
Una aplastante mayoría de las alegaciones -más de 4.500- provenían de la zona de Tarragona, no en vano es la más afectada por la proliferación de proyectos eólicos en áreas polémicas como la sierra del Montsant. El mapa desató incluso las protestas de los geógrafos de las universidades de Tarragona y de Girona, además de la indignación de todos los grupos parlamentarios de la oposición y de grupos conservacionistas.
Estos grupos consideran que existe una contradicción entre prohibir la instalación de aerogeneradores en parques naturales existentes y permitirlos en los futuros ya previstos o en los espacios del Plan Especial de Interés Natural (PEIN). Esquerra Republicana de Catalunya denunció que el 43% de los PEIN podían albergar parques eólicos en el proyecto inicial que presentó el Ejecutivo y que todos los grupos de la oposición, incluido el Partido Popular, se negaron a aprobar en el Parlament.
El nuevo mapa eólico elaborado tras la sorpresiva retirada del rechazado por la Cámara no supuso un mayor consenso político y social, con lo que el sector eólico se sitúa en el inmovilismo: en 2003, según fuentes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), no se generará ningún megavatio nuevo procedente del viento.
Cataluña, que pretendía generar entre 1.000 y 1.500 megavatios anuales (el 12% del consumo primario de energía debe ser renovable como objetivo europeo y español), se sitúa en la actualidad en una producción de únicamente 85,5 megavatios. Las comunidades de Aragón y Castilla-La Mancha generan 800 megavatios cada una, mientras que Galicia es líder en el sector con 1.400 megavatios.
El último parque construido se finalizó en 2001 y en estos momentos no existe ninguno en construcción efectiva, aunque sí los hay pendientes de obtención de licencias. Además de las reticencias que despiertan en determinadas zonas (en la comarca del Priorat con mucha fuerza), y de la protección establecida en el mapa a zonas en las que el viento sopla con mucha intensidad y constancia, los productores denuncian la falta de colaboración de las propietarias de las líneas de distribución, lo cual dificulta la conexión de los parques a la red.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 7 de octubre de 2003