El Gobierno ha empezado a negociar con los grupos parlamentarios, a excepción del PSOE, endurecer ya la Ley del Menor por la vía de introducir enmiendas a la reforma del Código Penal durante su actual tramitación en el Senado.
El ministro de Justicia, José María Michavila, telefoneó ayer a los portavoces de Justicia de CiU, PNV y Coalición Canaria para recordarles que el 3 de julio les propuso reformar la Ley del Menor después del verano. Pero ayer no llamó al PSOE al considerar que ha sido ese partido quien "se levantó" del Pacto de la Justicia. Según Michavila, el cumplimiento de ese pacto, en su punto 17.C, incluye revisar la Ley del Menor.
Desde la dirección del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, replicó: "Nos hemos ido del pacto, no del Parlamento". Pero el ministro mantiene que está a la espera de una explicación por la ruptura del pacto: "Tengo mi despacho abierto para que, a cualquier hora de cualquier día, el PSOE me explique por qué se han ido del pacto".
Michavila se encontró con que el portavoz de CiU, Manel Silva, estaba en Chile, pero éste le recordó que el grupo catalán ha sido, desde 1999, cuando se aprobó la ley, el más entusiasta partidario de endurecer ese texto. La propuesta de CiU va incluso más allá de lo que ayer propuso el ministro de Justicia y sigue la línea que el grupo catalán defendió en la tramitación de la ley hace cuatro años.
De momento, el ministro sólo ha puesto sobre la mesa, en sus conversaciones telefónicas con los portavoces de Justicia de los grupos parlamentarios, dos reformas: una para que los perjudicados o sus familias puedan personarse en la causa abierta contra los menores que cometan delitos graves, y otra para garantizar que esos menores cumplan de forma más eficaz el castigo por su conducta.
El ministro mantiene que el Gobierno no plantea esta reforma "al calor" del escándalo social que acompaña al juicio por violación y asesinato de Sandra Palo, la joven de 22 años que murió en Leganés (Madrid) el 17 de mayo pasado en un escalofriante crimen perpetrado, presuntamente, por tres menores. Los tres acusados de violar y matar a Sandra, atropellándola y quemándola cuando aún estaba con vida, se sentaron ayer en el banquillo del Juzgado 5 de Menores. Aunque con discrepancias entre ellos sobre los matices y el grado de participación de cada uno en el crimen, admitieron su implicación en la muerte de Sandra.
Según Michavila, él propuso la reforma a los portavoces parlamentarios en julio y esa medida está recogida en el Pacto de la Justicia.
La primera reforma que propone el Ejecutivo consiste en permitir que las familias de las víctimas de un delito grave cometido por un menor, pero mayor de 16 años, pueda personarse como acusación particular. Esto no es ahora posible porque la Ley del Menor prima la reeducación de los menores.
El PNV, que ayer también habló con el ministro, está abierto a discutir esta reforma, "pues se ha demostrado que hay casos muy graves que no están bien respondidos por la ley". Pero la portavoz de Justicia, Margarita Uría, enfatiza que no debe dejarse de lado el objetivo básico de la ley, que es la reeducación de los menores.
La segunda modificación pasa por "endurecer" el cumplimiento de la sanción al menor que cometa delitos más graves. Ahora todos conviven en los mismos centros, que tienen esa voluntad reeducadora. De ahí, por ejemplo, que el joven conocido como el asesino de la catana estuviera de excursión cuando intentó fugarse. Ahora se trataría, por ejemplo, de que alguno de esos centros tenga una zona especial para los menores más conflictivos. También se trataría de que esos menores cumplan "efectivamente" el castigo impuesto.
Junto a estas reformas, el portavoz de CiU le dijo ayer al ministro que convendría revisar el tratamiento que se da a los menores que aún no han cumplido los 13 años. La ley considera que no son responsables de sus actos, por lo que son los padres quienes deben ocuparse de su reeducación si delinquen. Sólo intervienen los poderes públicos en los casos de menores desamparados. Pero hay casos excepcionales de menores de 13 años que han cometido delitos muy graves, como el asesinato, y CiU defiende que habría que revisar su responsabilidad en estos actos. El argumento es que son adolescentes pero saben lo que hacen.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 7 de octubre de 2003