El Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao ha admitido a trámite una querella criminal presentada por 26 cooperativistas de la empresa Servicios Sociales Integrados, que presta el servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Bilbao, por un delito societario cometido presuntamente por sus responsables. La querella sostiene que la presidenta del consejo rector de la cooperativa y la gerente, María Angeles García Celis y María Luisa Mendizabal, han impedido a los querellantes comprobar las "graves irregularidades en la gestión económica" al "impedir" el acceso a la información que tienen los cooperativistas. El juez ha citado a ambas el jueves como imputadas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 7 de octubre de 2003