Roberto Amaral, ministro de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, acostumbra a dar sorpresas a la opinión pública. Así, la noche del lunes pasado, durante el acto conmemorativo de los 15 años de Industrias Nucleares de Brasil, anunció que el país va a poder exportar uranio enriquecido a partir de 2014, "para anticipar el futuro". La tesis del ministro es que Brasil, que ya posee centrales nuclares y que se prepara para construir la nueva central de Angra III, en el Estado de Río de Janeiro, puede en el futuro ser un exportador mundial de uranio.
Ya en los inicios de su gestión, Amaral lanzó la bomba de que Brasil debería poder tener las posibilidades tecnológicas de producir armas atómicas. Se basaba en la idea de que el país quiere ser una potencia mundial y que nadie puede prever los nuevos equilibrios mundiales. El ministro fue obligado a retractarse afirmando que Brasil no estaba pensando en construir la bomba atómica.
Esta vez nadie ha desmentido al ministro, que hasta ha anunciado dónde se producirá el uranio, en la ciudad de Resende, entre Río y São Paulo, algo que podría traer graves consecuencias ambientales. Y es que el Gobierno se ha liberalizado mucho en los temas ambientales. Por ejemplo, Lula, contradiciendo sus promesas electorales, ha permitido por este año la siembra de soja transgénica en todo el territorio nacional y acaba de permitir la importación de llantas usadas de automóviles de Uruguay.
Algunos diputados federales del Partido de los Trabajadores (PT), como Ireneo Colombo, defienden la reapertura de la autopista del Parque Natural de Iguazú, Patrimonio Natural de la Humanidad, algo que la ministra brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva, ha calificado como "un crimen ambiental de enorme impacto negativo que violenta la legislación actual". Otros miembros del PT, como Flamarion Portela, del Estado de Roraima, consideran además que las comunidades indígenas poseen demasiado territorio y que podrían revisarse las fronteras de las reservas. La ministra Silva ha sido tajante afirmando que si el Gobierno acepta revisar las reservas indígenas abandonará su puesto.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de octubre de 2003