Los representantes de los ciudadanos, elegidos en las urnas, tenemos entre nuestras tareas la labor de legislar. Así, la entrada en vigor de cierta ley, auspiciada por uno u otro grupo parlamentario, permite la regulación sobre un aspecto determinado, tiene una aplicación común sobre todos nosotros. Y su actualización persigue adecuar dichas normas a una sociedad cambiante. Pero si la norma se aprueba de espaldas a la realidad, su posterior cumplimiento resulta del todo imposible. Es más, si se convierte en un dique para el desarrollo económico del territorio donde se aplica, acaba siendo desbordada.
Me refiero con ello a un claro ejemplo de desatino: la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que limita la construcción en zonas rurales con la supuesta intención de preservar la actividad agrícola. Los ciudadanos han tenido la oportunidad de comprobar su inoperatividad hasta el punto de que casi una treintena de municipios de la comarca malagueña de la Axarquía, la mayoría gobernados por los socialistas y por tanto nada sospechosos de partidismo a la hora de elevar quejas al señor Chaves, ha decidido alzar la voz al unísono para hacerle ver a la Junta de Andalucía que levantar el pie del acelerador no es lo mismo que echar bruscamente el freno de mano, para persuadir a quienes promovieron la Ley de que es un error y puede transformar las pequeñas poblaciones en una jungla.
Los malagueños nunca acabaremos de entender el miedo de los socialistas al progreso de la Costa del Sol y, en general, de la provincia de Málaga. Pero a estas alturas algunos empezamos a creer que podría tratarse de una severa patología agravada por una legendaria falta de perspectiva política. En esta última página de su historial clínico, la Ley del Suelo, denominación con la que conocemos el texto aprobado en diciembre del año pasado, sólo ha conseguido poner fecha de caducidad a los pueblos del interior, ya que la drástica prohibición de construir en parcelas de uso agrícola obligará a los ciudadanos a trasladarse provocando una temeraria despoblación rural y dejará sin empleo a quienes hasta ahora se dedicaban a la construcción.
Quizá lo más pernicioso de esta Ley es que atenta contra la base de la economía local y, por extensión, autonómica. Afecta a dos segmentos clave del turismo, la principal industria de Málaga: rural (que está en auge, saludable diversificación de la oferta, sólido contrapeso de la estacionalidad) y residencial (que ya supera al hotelero en términos absolutos y es, por tanto, el mayor generador de riqueza de la Costa). Como dicta Murphy, cualquier situación es susceptible de empeorar. Me refiero con ello a que, además, la Ley no se ha desarrollado a través de reglamento, lo que es equivalente, en la práctica, a su inexistencia. Aunque, eso sí, anula las anteriores normativas, lo que nos lleva a un bloqueo absoluto. Es como si la Junta tuviera la decidida intención de trasladar su situación política, de total parálisis, al ámbito de la calle, de nuestros pueblos.
Necesitamos para ayer el reglamento que dé contenido a la Ley. Cuando esté, tiene que favorecer la venta y construcción en las zonas rurales. Y mientras llega, nuestro imparable desarrollo, síntoma saludable, debe seguir su curso aplicando las normas subsidiarias de cada municipio. Parece evidente que hacía falta una regulación tras años de descontrol, pero no podemos pasar al polo opuesto con una brutal dosis de injerencia en la gestión local por parte de la Administración autonómica. La Junta no puede maniatar a los vecinos o, más grave aún, no dejarles otra salida que incumplir una legislación a modo de dique. Porque, aun con desarrollo reglamentario, aquellos ayuntamientos que no tengan su PGOU tardarán una media de cuatro años en redactarlo y aprobarlo. Durante ese plazo sólo les quedará ceñirse contra las cuerdas, lo cual no parece razonable.
La intervención pública en el mercado del suelo (como en todos) no puede sistematizarse; sólo debe tener lugar en caso de clara necesidad. Tutelar el urbanismo parece procedente, pero no lo es invadir las competencias municipales. Una intromisión de estas características contraviene los intereses ciudadanos, deja a los ayuntamientos en una peligrosa inseguridad jurídica y más bien favorece la especulación de suelo y el consiguiente encarecimiento del precio final de la vivienda. La Junta está a tiempo de evitarlo si pospone la aplicación de esta desafortunada Ley y hace una profunda reflexión que sólo llegará sintonizando con las necesidades de quienes habitan los pueblos y echando un vistazo a la estructura de la economía del territorio donde la Ley pretende servirnos.
Joaquín L. Ramírez es presidente del PP en Málaga y diputado autonómico.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de octubre de 2003