Un error de citación obligó ayer a aplazar el juicio contra los dirigentes del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo, acusados de una falta de hurto por sustraer dos toneladas de aceituna de la finca La Romana, perteneciente al antiguo patrimonio de Rumasa. El juzgado de Utrera (Sevilla) aplazó la vista dado que no había citado al denunciante de los hechos, el gerente de la empresa pública Expasa como titular de la finca donde ocurrieron los hechos.
Unas decenas de simpatizantes del SOC se concentraron frente a los juzgados para apoyar a sus dirigentes. La concentración fue vigilada por un contingente de la Guardia Civil, aunque no se produjeron incidentes, según dijo a el abogado defensor de los procesados.
Los hechos ocurrieron el 11 de noviembre de 2001, cuando varios centenares de jornaleros, convocados por el SOC, participaron en una acción de protesta que denominaron "expropiación" de la cosecha de aceitunas.
Los sindicalistas pretendían con esta medida exigir a la Junta la compra las antiguas propiedades de Rumasa para crear cooperativas en ellas.
El juicio se dirige sólo contra Cañamero y Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda (Sevilla), como responsables de la acción, en la que, según sus palabras, llegaron a recoger en un día de trabajo 8.000 kilos de aceituna cuyos beneficios destinaron a fines sociales.
El fiscal imputa a Cañamero y a Sánchez Gordillo una falta de hurto a raíz de la denuncia interpuesta por el gerente de dicha empresa. Al tratarse de un juicio de faltas, el fiscal no fijará su petición de condena hasta el mismo momento de la vista.
En la acción participaron unas 400 personas, que llegaron a la finca en cuatro autobuses y en vehículos particulares. Con ella, el SOC pretendía protestar contra la decisión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de vender las antiguas propiedades de Rumasa, de las que existen cuatro en la provincia de Sevilla, dos en Cádiz y otras dos en Córdoba.
Cañamero indicó que se trató de una "recogida simbólica" y lamentó de que "sólo" estén procesados en esta causa él y el portavoz del Colectivo de Unidad de los Trabajadores-Bloque Andaluz de Izquierdas (CUT-BAI), cuando en la "expropiación" participaron aproximadamente unas 400 personas. Asimismo, señaló que este caso se suma al "acoso judicial" que viene sufriendo el sindicato e insistió en que el dinero se destinó a un "proyecto solidario".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de octubre de 2003