En el presente -y desagradable- momento del debate político español se ha convertido en cosa frecuente, por parte del presidente José María Aznar y de sus ministros, evocar y utilizar el concepto de Estado como parapeto, como amenaza o como arma arrojadiza: si se trata del plan Ibarretxe, "el Estado de derecho tiene los mecanismos y resortes" precisos para pararlo; si hay que descalificar al PSOE, su problema es que "carece de sentido de Estado"; si es preciso defender el Plan Hidrológico Nacional, su mayor virtud es que se trata de un proyecto con "visión de Estado", muy por encima de las oposiciones localistas que viene suscitando...
Se desprende de los ejemplos someramente citados, como de su discurso y su práctica política enteras, que la actual mayoría parlamentaria en España tiene del Estado una concepción coercitiva, épica, berroqueña: el Estado es para Aznar un instrumento de poder que se proyecta bien sea de fronteras adentro o de fronteras afuera, es esa armadura de hechuras draconianas y erizada de pinchos con que el genial Peridis le dibuja desde hace algún tiempo en EL PAÍS, es el garrote del rey de bastos. El Estado es, según la filosofía del Partido Popular, la herramienta que nos permite codearnos con las grandes potencias, y formar parte del Trío de las Azores, y enviar tropas a Irak para ejercer allí un imperialismo de la señorita Pepis..., aunque tales delirios de grandeza nos cuesten un Potosí, y el ministro Trillo-Figueroa haya anunciado ya próximas inversiones en armamento por un valor de 4.176 millones de euros, casi 700.000 millones de pesetas.
Para quienes nos mandan -creo aún que gobernar es otra cosa- el Estado es el mazo legislativo, ejecutivo y judicial con el que machacar las posiciones o las demandas del nacionalismo vasco y, cuando sea menester, del catalán; es el elixir mágico que, al modo de Astérix, permite a un personaje política y personalmente tan ínfimo e impresentable como el señor Enrique Villar, delegado del Gobierno en Euskadi, prodigar las chulerías y los desplantes antidemocráticos sabiéndose con las espaldas cubiertas y protegido contra toda exigencia de dimisión. En otro orden de problemas, el Estado constituye para el aznarismo el tótem, el fetiche nacionalista español a la defensa de cuyos supuestos intereses se ha subordinado la nueva política europea de Madrid, y que explica la ruptura con el núcleo franco-alemán, la sorprendente alianza hispano-polaca o la postura refractaria de Aznar ante el proyecto de Constitución para la UE.
Frente a estas poses de hidalgo pundonoroso y ceñudo, dispuesto a batirse más por el fuero que por el huevo, debo confesar que mi visión del Estado -tal vez porque nunca he podido sentir ninguno como propio- resulta menestral, pragmática, utilitaria, fenicia, más cerca de la póliza de seguros que de la epopeya. Concibo -y sospecho que la idea es bastante común en Cataluña- el Estado como una estructura obligada a garantizar a sus ciudadanos unos servicios esenciales y unas seguridades básicas, en justa reciprocidad por los impuestos que recauda; en lugar de Leviatán, el aparatoso monstruo cuya fama es proporcional al miedo que infunde, prefiero un gerente discreto, un buen gestor cuyo prestigio se mida por la eficacia.
Desde este punto de vista, no son ni las insidias del gabacho Valéry Giscard d'Estaing ni las asechanzas del vasco Juan José Ibarretxe las que más empañan o amenazan el brillo y el renombre del Estado que Aznar acaudilla. Es, a mi juicio, mucho más lesivo para tales valores el culebrón del tren de gran velocidad entre Madrid y Barcelona, ese AVE de vuelo lento y retrasadísimo, al albur de la geología pero sobre todo de la incompetencia, que nadie sabe cuándo llegará a la capital catalana y cuyo mero estreno hasta Lleida sin sobresaltos se ha convertido en noticia sensacional. O el caso del Prestige, en el que la Administración estatal ha sumado las flagrantes negligencias e impunidades ante el naufragio con la no menos flagrante desgana a la hora de combatir sus consecuencias. O la tragedia del avión ucraniano Yakovlev-42, siniestrado en Turquía el pasado 26 de mayo, que puso de relieve el perfil quiero y no puedo de nuestra actual política exterior y de defensa, al precio de muchas decenas de vidas españolas. O el hecho de que, según noticia reciente, casi un tercio de los sumarios judiciales abiertos en los juzgados españoles estén pendientes de resolución y vayan acumulando demoras por falta de medios materiales y humanos en la Administración de justicia.
Sí, decididamente, opino que la reputación, la imagen y la solvencia del Estado español -estas cosas que tanto parecen preocupar al presidente del Gobierno- se dirimen mucho menos en los foros europeos donde gusta de gallear y hacerse el duro, o en esas provincias iraquíes donde manda exhibir la bandera rojigualda y el toro de Osborne, y mucho más en las calles cada vez más inseguras y peligrosas de nuestras grandes ciudades; por ejemplo, en Madrid, donde ya llevan computados 90 homicidios en lo que va de año pese a los malabarismos estadísticos del ministro Ángel Acebes. O bien, para ponernos mucho menos dramáticos, en esas zonas de la conurbación barcelonesa donde el servicio de Correos sigue siendo nefasto, con semanas enteras sin reparto de correspondencia y plazos de hasta 11 días para que una simple carta llegue a su destinatario.
Pero claro, vaya usted a explicarle la importancia de estas menudencias a alguien que concibe la política en términos de amigo o enemigo, de victoria o derrota, de honor u oprobio, como si fuese un drama de Marquina o Echegaray. Si el maestro Manuel Fraga presumía de albergar el Estado en la cabeza, su aventajado discípulo parece tener el sentido de Estado un palmo por debajo de la cintura.
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Joan B. Culla i Clarà es historiador
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de octubre de 2003