El Gobierno argentino podría retomar transitoriamente los servicios de correo, entregados en concesión durante 30 años en 1997, después de que el juez a cargo de la quiebra de la sociedad Correo Argentino concediera ayer un plazo a los acreedores (el primero, el Estado) interesados en capitalizar su deuda con acciones para asegurar la continuidad de la empresa. Un tribunal suspendió a última hora la decisión por unos días.
La decisión adoptada ayer es una posibilidad de la ley de quiebras, que permite abrir el juego a los acreedores y a terceros interesados que aseguren la continuidad de la empresa y el servicio. Es ahí donde intervendría el Gobierno argentino, pues el Estado es principal acreedor de la empresa por unos 60 millones de euros. No obstante, la decisión del juez ha quedado postergada por unos días, al aceptar la Cámara de Comercio, tribunal de apelación, un aplazamiento que pidió la empresa.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo que en todo caso se trataría de una "estatalización circunstancial" porque el Gobierno no tiene el objetivo de convertir al correo en una empresa del Estado. Según Fernández, "seguramente se nombrará a un interventor para que, después de ordenar y mejorar la administración, se pueda poner el correo a consideración de inversores particulares".
Correo Argentino está participada por Sideco Americana, con el 69,23%, Banco de Galicia (11,77%), Corporación Financiera Internacional (5%) y los trabajadores, con un 14%.
En un anuncio a toda página titulado "Correo Argentino, la verdad" publicado ayer en los principales periódicos, la sociedad dice haber transformado "el obsoleto correo oficial en una empresa moderna, eficiente y competitiva" y acusa al Estado de no haber cumplido "con sus compromisos".
Antes del 'corralito'
La empresa se presentó a concurso de acreedores en septiembre de 2001, tres meses antes de que se montara el corralito financiero y del derrumbe económico que acabó con el Gobierno y obligó a devaluar el peso a la tercera parte de su valor. Entonces admitía deudas por unos 300 millones de euros, entre ellas más de 60 millones al Estado.
El juez concedió 120 días y luego otros 30 para que la empresa llegara a un acuerdo con sus acreedores. Correo Argentino acusa al Estado de oponerse a una prórroga, supuestamente "aceptada por los síndicos que controlan el proceso, los bancos acreedores y los proveedores que representan a la mayoría de los tenedores de deuda", para que se considere una nueva propuesta de pago del 100% de los créditos verificados. La empresa asegura que nunca tuvo beneficios desde 1997 debido a los incumplimientos del Estado, entre los que señala: "La falta de una ley que establezca el marco de control del sector; la eliminación de la competencia desleal; la falta de pago de los servicios brindados a la Administración pública y la falta de igualdad en las regulaciones laborales y sindicales".
Los representantes de los trabajadores acusan al grupo mayoritario de "ofrecer un canon demasiado alto para ganar la concesión aun cuando sabían que no podrían pagarlo", y al Estado "porque en su momento lo aceptó cuando sabía que el negocio no iba a dar para tanto".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de octubre de 2003