El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer por un voto de diferencia un escrito que elogia y avala el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, critica la anunciada desvinculación del PSOE, sin mencionarlo, con el Pacto, y le acusa de resucitar "el espíritu de confrontación política en el terreno de la justicia". Desde la minoría, que se ha negado a firmar la pretendida "declaración institucional", el sector progresista lamenta "la instrumentalización" política del Pacto y acusa a la mayoría conservadora de "operar como caja de resonancia (...) del Ministerio" [de Justicia].
El documento aprobado ha contado con los 10 votos de los vocales propuestos por el PP y el del presidente del Consejo, Francisco Hernando, quien se ha unido a ellos a pesar de las apelaciones de la minoría a que no podía tenerse por declaración institucional un escrito en cuya elaboración sólo participaron los vocales del sector conservador.
El escrito invoca el propósito del Pacto de "sustraer a la Justicia de la lucha de partidos" y asegura que el Pacto suscrito hace más de dos años por las principales fuerzas políticas "creó un escenario pacífico imprescindible para la consecución de sus objetivos". Critica la anunciada desvinculación y afirma que el Poder Judicial "ve con inquietud que de nuevo se resucite el espíritu de confrontación política".
La declaración evalúa el Pacto como "elemento vertebrador" de los cambios legislativos, procesales, organizativos y económicos, por lo que pide que sea "restituido con la mayor brevedad posible" para "culminar con éxito el proceso de cambio emprendido" que necesita la sociedad española del siglo XXI.
"Campaña electoral"
En contra de su aprobación votaron los siete consejeros propuestos por el PSOE y el propuesto por IU. El vocal de consenso se abstuvo y el propuesto por CiU votó en blanco y explicó su voto en que "los vocales del PP, con su presidente, utilizan su mayoría automática, a la argentina, para hacer campaña electoral junto al Ejecutivo y al partido que lo sustenta".
Los ocho consejeros del sector progresista "lamentan la instrumentalización que se ha venido realizando del Pacto, que en ningún momento ha tenido reflejo en el modo de actuar del Consejo", a cuya mayoría conservadora acusa de "rentabilizar políticamente al máximo las decisiones gubernamentales en materia de justicia", en lugar de "liderar una reforma en profundidad de la Justicia, más allá de las líneas trazadas por el Ministerio".
El sector progresista del Consejo critica el uso frecuente de "una monolítica mayoría de 11 votos frente a una plural minoría de 10 votos", y la que responsabiliza de "respaldar una vez más las manifestaciones vertidas por el responsable del Ministerio de Justicia y no realizar una llamada de atención acerca de los escasos logros de estos dos años de Pacto de Estado de la Justicia".
Entre las actuaciones del Consejo contrarias al espíritu del Pacto, la minoría progresista señala que al informar anteproyectos de ley "la mayoría nunca ha tolerado la más mínima crítica o discrepancia con la propuesta gubernamental", "siempre ha respaldado la política del Ministerio", ha tratado de "destruir el modelo de Escuela Judicial cuidadosamente forjado en el anterior Consejo, liderado por Javier Delgado", y la adopción de medidas de refuerzo en los juzgados se ha utilizado "para disimular las carencia de una planta judicial escasa, alcanzando aparentes éxitos a corto plazo y ocultando el problema de fondo".
Otra crítica es la realizada al Servicio de Inspección, dependiente del presidente, que "ha rehuido el conocer en profundidad la situación de los órganos jurisdiccionales". Menciona como ejemplo la necesaria puesta en libertad por un juez de Alcoy (Alicante) del único imputado en un triple crimen, por haber pasado cuatro años sin instruir el caso.
Previamente a la aprobación del documento propuesto por el sector conservador, el progresista presentó una crítica a la falta de medios de la Administración de Justicia, que fue rechazado por 11 votos en contra, nueve a favor (los ocho progresistas más el vocal de CiU) y la abstención de Agustín Azparren, vocal de consenso entre PP y PSOE.
Incumplimiento del Gobierno
Fuentes del sector progresista del Consejo recordaron que el documento de la mayoría aprobado ayer es "partidista, ya que critica a quienes han roto el Pacto y no dice ni una línea del responsable de la ruptura, que ha sido el Gobierno, por el incumplimiento presupuestario, la falta de dotación de plazas judiciales y las reformas legislativas remitidas al Parlamento sin consensuarlas ni someterlas a la Comisión de Seguimiento del Pacto, tales como la de la prisión provisional, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la reforma de casi 200 artículos del vigente Código Penal".
Desde dicho sector se exigía mencionar "la desastrosa gestión gubernamental del Pacto de la Justicia" para alcanzar un acuerdo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de octubre de 2003