En la edición de ayer, este periódico publica lo siguiente en el editorial Menores y Víctimas: "(...) El Gobierno pretende reformar la Ley del Menor en dos aspectos muy concretos: facilitar la personación de la familia de la víctima en el proceso y establecer un régimen de internamiento más severo para los autores de delitos graves. (...) La reforma no es descabellada pues responde a cuestiones suscitadas por la aplicación de la ley en casos de crímenes brutales como el asesinato de la joven Klara G. C., de 16 años, a manos de dos compañeras de colegio (...)". En las páginas de información nacional se publica el siguiente titular: "El PSOE apoya endurecer las medidas de la Ley del Menor".
Como defensor de una de las jóvenes a las que se refiere el editorial, le informo que los familiares de Klara G. C. participaron a través de un letrado en todo el proceso, a quien, formalmente, sólo se le privó de fijar la duración de la medida (pena) que solicitaba. El fiscal pidió y el juez impuso la pena máxima prevista en la ley -ocho años de internamiento y cinco de libertad vigilada-. Al parecer, los familiares de la víctima no pudieron estar presentes en la vista como era su deseo, pero ello fue debido a que a petición del fiscal, y con apoyo del abogado que ejercía la acusación particular, el juicio se celebró a puerta cerrada. Las defensas solicitamos que el juicio fuera público. Consiguientemente, no es cierto que en este caso los familiares de la víctima no hayan podido ejercer la acusación particular.
Con referencia al endurecimiento de las penas que se pretende, decir simplemente lo siguiente: ¿algún sesudo legislador ha pensado que con la medida vigente de ocho años de internamiento, necesariamente los menores acabarán de cumplir la medida en una prisión de adultos? ¿En esto consiste el derecho fundamental, que los menores también tienen, de reinserción y reeducación que proclama la Constitución Española, cuyas bodas de plata celebran gozosamente quienes en su día no la votaron? Llamemos a las cosas por su nombre. Frente a los sentimientos de perdón, piedad y compasión, que deberían ser inherentes a quienes piensan que la Constitución Europea debería hacer referencias al cristianismo, lo que se pretende es satisfacer el sentimiento de venganza, tan presente en nuestra sociedad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de octubre de 2003