Julia Cid González, de 50 años y viuda, trabaja hace nueve en el Ayuntamiento de Alsasua (Navarra) como concejal socialista. Tanto ella como sus dos compañeros concejales, Mariano García y Juan Miguel Pérez, saben demasiado bien lo que supone el acoso terrorista en esta población navarra de 7.300 habitantes. Limítrofe con Guipúzcoa y Álava, la localidad es cabeza del valle de Sakana, un importante bastión de Batasuna, cuyo poder e influencia social permanece pese a que se le impidió concurrir a las elecciones en casi todos los municipios.
Garzón ordenó ayer el ingreso en prisión incondicional del hijo de la edil del PSN-PSOE
"No sé nada de él y sólo quiero verlo cuanto antes y que esté bien", asegura Cid
Han sufrido y sufren amenazas permanentes, insultos, pintadas, ataques a sus vehículos, la última vez en agosto. No dan un paso sin escolta. Pertenecen a una de las agrupaciones socialistas más amenazadas de Navarra. En ese mundo de aislamiento del que escapan a diario con tareas cotidianas -hacer la compra, charlar con vecinos, ir al Consistorio, pasear- un hecho les ha sobrecogido. Uno de los tres hijos de Julia Cid, Ramón López, de 31 años, ha sido detenido por orden del juez Garzón por presunta colaboración en el aparato de captación de ETA y en la infraestructura de la banda terrorista. El juez ordenó ayer su ingreso en prisión tras tomarle declaración.
Al principio, la noticia hundió a Julia. Después, el apoyo de familiares y compañeros de partido le ha permitido hablar, "exclusivamente como madre", de lo sucedido. Bajo esa condición, la concejal, empleada de un establecimiento de hostelería, atendió en la mañana del jueves al periodista sin abandonar su trabajo. "Lo que puedo decir es que mi hijo y su mujer estaban en trámites para la adopción de un niño ruso que ya habían traído los tres últimos veranos a Alsasua. Querían ante todo que el proceso de adopción fuera bien. Por eso confío en que al final todo acabe bien".
En las últimas elecciones municipales, el PSN fue la lista más votada en la localidad, gobernada en el anterior mandato por Batasuna. No obstante, la alcaldesa es de Aralar porque los socialistas fueron desplazados por una amplia alianza nacionalista integrada por la formación escindida de Batasuna, Eusko Alkartasuna y una agrupación independiente vinculada al PNV, con el añadido de IU.
Julia y Ramón no hablaban normalmente de política "para no encresparnos". Para mantener unas relaciones normales, entre madre e hijo había un acuerdo tácito para excluir la política de sus conversaciones. "Yo sabía que acudía a concentraciones de Batasuna. Incluso alguna vez le vi pegando carteles. Forma parte de una ideología extendida en el valle, que yo no comparto, pero que tengo que respetar. Pero algo muy distinto es aquello de lo que se le acusa", dice Julia, que se resiste a imaginar que su hijo haya colaborado con la organización terrorista que puede asesinarla a ella o a sus compañeros.
"No puedo creer que sea cierto. El proceso de adopción le alejó bastante de ese mundo. Estaba muy apartado y me garantizó que nunca había hecho ni haría nada que pusiera en riesgo la adopción", repetía la concejal socialista el pasado jueves. "Ahora estará cuatro días incomunicado. No sé nada de él y lo único que quiero es verlo cuanto antes y que esté bien", manifestaba a este diario sin dejar de trabajar.
Sus compañeros la llaman, la visitan, se interesan por ella, pero no han querido decir nada sobre el asunto, aunque están en contacto permanente con ella para animarla.
En todo caso, la complejidad de las vinculaciones políticas de muchas familias de la localidad no es ninguna novedad. Sin ir más lejos, el cabeza de lista del PSN-PSOE en el Ayuntamiento, Mariano García, está casado con la que encabezó la lista de Unión del Pueblo Navarro (UPN) al consistorio, Antonia Román. El matrimonio, de 53 años, tiene dos hijos, de 27 y 22 años. Acostumbrados a las amenazas, y cargos electos de dos partidos enfrentados en la política, estos días no son fáciles para ellos.
"Los cuatro últimos años han sido los peores", decía Mariano el pasado mayo, cuando él y otros 15 candidatos socialistas recibieron cartas de amenaza instándoles a renunciar. "Vamos a haceros insoportable mantener vuestra apuesta política", decían las misivas.
Mientras los vecinos convertían la lista del PSN en la más votada de Alsasua, los violentos ponían en práctica su ominosa advertencia, extendida a poblaciones limítrofes como Olazagutia, donde una concejal socialista de 39 años, María del Carmen López, madre de dos niños y amenazada de muerte, ha tenido que soportar las críticas de vecinos por ir con su escolta armado a algunas reuniones.
Ha sido este año cuando la agrupación local ha dado a conocer que incluso militantes de base del PSN, que no integraron lista electoral, alguna vez han tenido que recurrir a la protección de escoltas para poder vivir tranquilos.
"Son las gotas que están colmando el vaso", señaló Mariano García, extremeño de nacimiento, con 40 años de residencia en Alsasua y empleado de una empresa en Álava. Su esposa, Antonia, empleada de Correos, vive circunstancias similares. "No es admisible que por ser integrante de una lista o expresar tu opinión en público necesites protección para que no te maten", decía en la campaña electoral del pasado mayo.
Pero Mariano siguió adelante. En la madrugada del 27 de agosto pasado vio desde su casa cómo un encapuchado pintaba su coche. Le ahuyentó desde el balcón llamándole "canalla". Sobre el vehículo había escrito "fascista".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 12 de octubre de 2003