Una delegación de seis legisladores estadounidenses del Partido Demócrata viajó ayer a Ciudad Juárez para informarse sobre las 375 mujeres asesinadas en esa población fronteriza a lo largo de los últimos diez años, y elevar un informe de conclusiones ante el Congreso de Washington. Su visita sigue a la desarrollada la pasada semana por seis expertos de la ONU, que se entrevistaron con funcionarios federales y del Estado de Chihuahua, analizaron expedientes y efectuaron una serie de recomendaciones sobre técnica jurídica y mecanismos de investigación.
Paralelamente, ONG mexicanas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) anunciaron que plantearán los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). Louise Slaughter (Nueva York) y Hilda L. Solís (California), de origen mexicano, presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Partido Demócrata, figuran en la misión norteamericana, completada por Ciro Rodríguez y Silvestre Reyes (Tejas), Corrine Brown (Florida) y Luis Gutiérrez (Illinois).
En julio, 31 representantes demócratas y republicanos propusieron al presidente mexicano, Vicente Fox, que la Procuraduría General de la República -Fiscalía General- se haga cargo de todos los expedientes en manos de la fiscalía del Estado de Chihuahua y se permita una mayor participación del FBI en las pesquisas. Los siete legisladores se reunirán con autoridades federales y locales, abogados, familias de las víctimas, ONG y las asociaciones Justicia para Nuestras Hijas, Integración de Familias por Juárez, Ni una Muerta Más y Casa Amiga.
Su viaje a la población limítrofe con El Paso (Tejas) ha sido organizado por tres organizaciones de derechos humanos con sede en Washington: el Washington Office on Latin America, el Fondo de Educación y Grupo de Trabajo para Latinoamérica y la Red de Solidaridad de México. Juan Carlos Gutiérrez, abogado de CEJIL, dijo que quieren demostrar ante la OEA que estas muertes "demuestran un patrón de violencia e impunidad sistemática que se da no sólo en Ciudad Juárez, sino en todo México".
La CEJIL y otros grupos de activistas persiguen que la Comisión Interamericana exija al Gobierno de Fox informes mensuales sobre la situación en laestigmatizada ciudad, con complejos problemas estructurales y altos índices de corrupción, y que el comisionado especial de la presidencia, cuyo nombramiento prometió Fox el pasado mes de septiembre, tenga amplias facultades legales para cumplir su mandato.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 12 de octubre de 2003