La fuerte presencia militar en las calles de la ciudad dormitorio de El Alto, a 14 kilómetros de La Paz, ha devuelto una tensa calma a la población, que el fin de semana vivió una serie de protestas que se saldaron con ocho muertos y al menos 50 heridos. El Gobierno de Bolivia habló de un proceso de golpe de Estado, del que responsabilizó al líder opositor Evo Morales, a la vez que dispuso el control militar en la ciudad. La Iglesia y ONG denunciaron "una verdadera masacre".
Los principales sindicatos bolivianos han pasado a la clandestinidad tras la amenaza golpista, según la agencia France Presse.Las refriegas registradas a lo largo del sábado por el control de las calles obligaron a la policía a lanzar gases lacrimógenos a discreción.
Según el parte médico, un proyectil de gas impactó en la cabeza del joven Walter Huanca, de 27 años, que murió horas después. La segunda víctima del sábado, un niño de cinco años no identificado, murió en circunstancias aún no esclarecidas en medio de los enfrentamientos. El Alto, una población de medio millón de habitantes, cumple el quinto día de huelga general, convocada por la Central Obrera Regional, para rechazar la exportación de gas natural y exigir la revisión de la Ley de Hidrocarburos, entre otras demandas locales. El paro afecta también a La Paz, que se ha visto sitiada y encerrada debido al bloqueo campesino de los principales puntos de salida. Ayer, todas las aerolíneas comerciales suspendieron los vuelos en el aeropuerto de la capital, en cuyos alrededores tropas militares mantenían enfrentamientos con la población civil. La aerolínea Lloyd Aéreo Boliviana (LAB) suspendió tres vuelos a La Paz, así como Aerosur. En principio, los vuelos se reanudarán hoy lunes, según la controladora SABSA, aunque todo dependerá de la evolución de la crisis entre la policía y los manifestantes de El Alto productores de hojas de coca.
"Ya no podemos hablar de enfrentamiento, sino de una verdadera masacre", dice una carta dirigida al presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, fundada en que "diversos medios de comunicación han confirmado el uso de armas de grueso calibre, incluidas ametralladoras pesadas, en contra del pueblo boliviano". En esta misiva la Iglesia Católica, el sindicato de Trabajadores de la Prensa y la activista Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), exigen la retirada de tropas militares y policiales. "Exigimos el inmediato repliegue de las tropas militares y policiales para terminar con este empeño fatricida", escribieron a Sánchez de Lozada, en unos momentos en los que se multiplican los llamamientos de auxilio desde diversos puntos de la población de El Alto, y cuando el ulular de ambulancias con heridos a bordo estremece el centro de La Paz, sede del Gobierno boliviano. Las radios de La Paz se hicieron eco ayer de diferentes llamamientos a la población solicitando donantes de sangre y medicinas para atender a las decenas de heridos.
El mandatario boliviano se entrevistó la pasada medianoche de ayer con representantes de la Iglesia, la APDHB y el sindicato de la prensa, para que abran el camino del diálogo con las organizaciones en conflicto.
Este recrudecimiento del conflicto sucede semanas después de que los productores de coca reclamaran la dimisión del presidente boliviano al considerarle contrario a la "cultura de la coca", de cuyo cultivo vive la población y que la defiende como parte de sus tradiciones.
Las protestas sociales se podrían recrudecer hoy lunes en otros sectores, según anunciaron los sindicatos, con el cierre de una importante carretera que une el este con el oeste del país por parte de productores de coca de la región del Chapare que también se oponen a la exportación de gas a EE UU y México a través de Chile.
Con la actual legislación Bolivia sólo percibiría el 18% de los ingresos por dicho proyecto, según las voces críticas de esta iniciativa.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 13 de octubre de 2003