La ley de juicios rápidos, que entró en vigor el 28 de abril pasado, se ha aplicado en 9.000 casos en la Comunidad Valenciana. Ese balance lo ofreció ayer Fernando De Rosa, secretario autonómico de Justicia e Interior, en una conferencia sobre justicia rápida y justicia eficaz. De Rosa afirmó que en la mitad de esos asuntos han sido de conformidad y que, aunque aún no está cuantificado, "supondrá una importante descarga de trabajo para los juzgados de Lo Penal".
De Rosa reiteró ayer el compromiso de "modernizar" y "agilizar" la administración de la justicia. Por ello anunció que será en noviembre cuando la consejería traslade su propuesta de juicios rápidos en materia de familia. En esa propuesta, De Rosa afirmó que se incluye la petición al Ministerio de Justicia de que se reforme la Ley del Divorcio de manera que queden atrás las situaciones jurídicas de separación y divorcio y se establezca una sola, la de disolución matrimonial. "Estoy convencido de que eso agilizaría también muchos asuntos, y se ajustaría más a las necesidades reales, ya que hoy para disolver un matrimonio hay que dar dos pasos". De Rosa adelantó que una de las modificaciones que mayores rentabilidades en "eficacia y rapidez" provocará será la reforma de la oficina judicial, en la que desaparecen agentes, oficiales y auxiliares para establecer puestos específicos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 14 de octubre de 2003