El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer el dictamen de la comisión de Educación y Cultura sobre el proyecto de ley reguladora del Museo del Prado, que pasa ahora al Senado. Las escasas enmiendas presentadas por PSOE y CC fueron rechazadas tras los acuerdos alcanzados en ponencia y comisión, así como las enmiendas a la totalidad del grupo IU.
La ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, compartió felicitaciones con Miguel Zugaza y Eduardo Serra, director y presidente del patronato del Prado, y con los portavoces de Cultura Betina Rodríguez Salmones (PP) y Joaquín Leguina (PSOE). "La ley era necesaria para cumplir las actividades y servicios del Prado junto con la ampliación. Ha recibido un apoyo mayoritario a la mayor autonomía y capacidad de gestión. Ya se ha visto que no tenía sentido la supuesta mercantilización o privatización del museo", declaró.
A la espera del estatuto
Los portavoces se intercambiaron elogios ante la flexibilidad de los grupos al incorporar algunas enmiendas y Rodríguez Salmones llegó a lamentar que no hubiera convencido a IU. La redacción del estatuto, que tiene tres meses tras la aprobación de la ley, fue motivo de preocupación en la oposición. Felipe Alcaraz (IU) dijo que se iba a aprobar con las Cortes disueltas. "Esta ley de mínimos es una privatización encubierta y un secuestro del Prado al control popular", afirmó, tras criticar la base comercial y el régimen laboral del personal.
Joaquín Leguina (PSOE) se mostró "más optimista" y partidario del consenso al presentar unas "enmiendas cautelares" en los aspectos funcionales (vocales del patronato) y las operaciones mercantiles, aunque "el museo tiene la obligación de obtener dinero".
Leguina propuso debatir la redacción del estatuto y recibió el acuerdo de Rodríguez Salmones (PP), que prometió una elaboración "con toda transparencia y la colaboración del PSOE y de todas las formaciones políticas y de expertos". Elogió la "voluntad de servicio al Prado por delante del interés político". "El PSOE se traga la ley", afirmó Alcaraz antes del pleno, tras mostrar su sorpresa por la postura del grupo socialista. En el debate, CC insistió en limitar los mandatos de los vocales del patronato, y PNV y CiU expresaron su apoyo a la comisión.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de octubre de 2003