El Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) ha solicitado a la fiscalía de Castellón que inicie una investigación penal por la reanudación de las obras de la carretera Cabanes-Oropesa. El grupo ecologista ha señalado al director general de Infraestructuras, Pedro Marco, y a la empresa adjudicataria del proyecto (Necso Rover y Alcisa) como presuntos autores de un delito contra los recursos naturales, el medio ambiente y la fauna y la flora.
La actual Consejería de Infraestructuras reanudó hace unos días las obras de ejecución de la carretera que ha de unir el interior con el complejo Marina d'Or. Sin embargo, las máquinas trabajan todavía en un espacio ajeno al área para la que los ecologistas exigen protección.
Gecen ya presentó una denuncia por el proyecto que, en su día, aprobó la Consejería de Obras Públicas ya que el trazado de la carretera invadía parte del parque natural del Desert de Les Palmes. Un juez paralizó las obras de manera cautelar y, tras una investigación de dos años, determinó el sobreseimiento de la causa al entender que la paralización había impedido la comisión del delito pero advirtiendo de que "la ejecución del trazado proyectado (...) conllevará el elemento típico del grave riesgo perjudicial para el medio ambiente". Con informes periciales, el magistrado admitió la importancia de una especie cavernícola protegida, conocida como la "gamba de Miravet", que habita en unas cuevas que se verían afectadas por el movimiento de tierras que provoca la ejecución de las obras.
Pedro Marco ya declaró como imputado en el procedimiento cerrado hace un año. Sin embargo, tras la reanudación de las obras con una leve modificación del trazado, Gecen ha solicitado la reapertura del caso.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 19 de octubre de 2003