El fiscal y la acusación particular han solicitado una pena de 11 años de cárcel para Antonio Murillo Clavero, un policía prejubilado de 57 años que el 8 de febrero de 2001 mató de un disparo en el cuello a un vecino de Alcorcón, Miguel Arturo Martín Cantos, de 35 años. Las dos partes defenderán en el juicio, que está previsto que comience hoy en la sección XVI de la Audiencia Provincial de Madrid, que el agente es autor de un delito de homicidio. Por su parte, el abogado que defiende a Murillo Clavero cree que su representado actuó en legítima defensa, por lo que pide su absolución.
Los hechos que se enjuician a partir de hoy en la Audiencia Provincial se produjeron a la 1.30 del 8 de febrero de 2001 en el portal de la vivienda del policía en segunda actividad (prejubilado), en el número 1 de la calle de los Príncipes de España, en el barrio del Parque de Lisboa de Alcorcón.
Según el relato del fiscal, el agente regresó a su casa tras haber concluido su jornada laboral de taxista. Al entrar al portal "se encontró a dos personas a las que conminó para que se marcharan". Les dijo que, si no lo hacían, llamaría a la policía. En ese momento, Miguel Arturo Martín Cantos, en lugar de dirigirse hacia la salida, fue directamente hacia el acusado y "en actitud desafiante", le gritó: "¿a dónde vas?". El policía sacó su arma reglamentaria, un revólver marca Astra 680 del calibre 38 especial. Efectuó un disparo que alcanzó el cuello a la altura de la nuez de Martín Cantos, lo que le produjo la muerte unos diez minutos más tarde, según el escrito de acusación del fiscal. Sufrió una fortísima hemorragia tras serle seccionada por la bala la arteria carótida derecha. El proyectil salió por la región supraescapular derecha. Impactó en el techo. La víctima anduvo unos 15 o 20 metros, en dirección a una vivienda próxima, pero cayó desfallecido al suelo tras dejar un reguero de sangre.
Responsable civil
El fiscal entiende que los hechos narrados constituyen un delito de homicidio, recogido en el artículo 138 del vigente Código Penal, en concepto de autor, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Por ello, solicita una pena de 11 años de prisión y de inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, además del pago de las costas procesales.
El ministerio fiscal pide una indemnización para el hijo del fallecido, de siete años, de 100.000 euros y otros 30.000 para los padres de Martín Cantos. El responsable civil subsidiario sería, en cualquier caso, el Estado.
El escrito de la acusación particular añade que el policía nacional, "después de efectuar el disparo y sin prestar atención alguna a la víctima", cogió el ascensor y subió a su domicilio, en la séptima planta. El abogado de la familia de Martín Cantos eleva la indemnización a los herederos (padres e hijo) a 300.506 euros -50 millones de pesetas-, en la proporción que establezca el tribunal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 20 de octubre de 2003