La Audiencia Provincial de Jaén dio inicio ayer al juicio con tribunal de jurado contra el empresario Andrés Martínez Díaz y el ciudadano moldavo Genadil Vilkov, acusados de la muerte, en mayo de 2001, de Francisca Mesa, que se acababa de separar del primero. El Ministerio Fiscal pide para los dos acusados 12 años de prisión y una indemnización de 120.000 euros a cada uno de los hijos de la fallecida por un delito de homicidio. La acusación particular eleva su petición a 20 años de prisión y una indemnización de 180.000 euros al tipificar los hechos como asesinato.
Tanto la Fiscalía como la acusación consideran que Andrés Martínez pagó al sicario moldavo Genadil Vilkov para que acabara con la vida de Francisca Mesa. de la que se había separado meses antes. A cambio, el empresario se habría comprometido a regularizar la situación ilegal del inmigrante moldavo en España. Por su parte, las defensas de los dos acusados piden la libre absolución de sus clientes e indicaron que la relación entre ambos se limitó a que Martínez le daba cobijo en una dependencia para inmigrantes al súbdito moldavo durante su estancia en el municipio de Mancha Real (Jaén).
El juicio, al que han sido llamados a declarar 70 testigos, se inició con demora por la recusación realizada por la defensa de los acusados de nueve de los 11 miembros del jurado. En la jornada de ayer declararon los dos acusados -sólo el ciudadano moldavo permanece encarcelado- y la hija mayor de la fallecida. La fiscal Manuela Gasso pidió una nueva prueba testifical consistente en la declaración, prevista para hoy martes, de la niñera del hijo que tuvo la pareja durante los cinco años de convivencia.
La fiscal recordó durante su primera intervención que se trató de una muerte violenta como lo confirmó la autopsia practicada a la fallecida, que certificó su muerte por estrangulamiento y traumatismo craneoencefálico. La fiscal llegó a reconocer que en junio de 2002 se llegó a pedir el sobreseimiento de la causa abierta contra el compañero de Francisca Mesa, pero tras la extradición del ciudadano moldavo, que fue detenido en Alemania, se le inculpó también a él como supuesto inductor.
La hija de la fallecida recordó en su declaración que su madre era experta en artes marciales y trabajó como vigilante de seguridad en Palma de Mallorca. La defensa del ciudadano moldavo recordó que su cliente padece epilepsia desde los tres años y que Francisca Mesa le pidió que siguiera a una persona, a lo que él se negó por creer que sería al empresario ahora inculpado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 21 de octubre de 2003