La relación entre Telefónica y el Gobierno catalán está al borde de pasar del idilio, criticado hasta la saciedad por los partidos de la izquierdas, a un sorprendente bofetón. En un llamativo cambio de actitud, el Ejecutivo de CiU aprobó ayer la creación de "una empresa pública que gestionará y coordinará la construcción de una red de telecomunicaciones" que cubra el territorio catalán, alternativa a la del ex monopolio.
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El Gobierno se limitó a informar en un par de párrafos sobre su iniciativa, que, a falta de detalles, parece recoger el espíritu de lo que vienen reclamando largamente los socialistas del PSC, los independentistas de ERC y los ecosocialistas de ICV: un contrapeso al dominio de Telefónica en el panorama de las telecomunicaciones.
Precisamente, la Generalitat ha mostrado hasta ahora una complicidad escasa con el consorcio Localret, que aúna a centenares de ayuntamientos catalanes defensores de unas telecomunicaciones sin fractura social y con una red pública que garantizara la competencia a Telefónica. Su coste rondaría los 400 millones, contando con las sinergias y derechos de paso en las redes de fibra óptica ya existentes de compañías como Abertis, Renfe o Gas Natural. Fuentes de Localret mostraron "extrañeza" por la decisión de ayer.
Fuentes parlamentarias calificaron la iniciativa de "maniobra electoralista", considerando que Cataluña está a las puertas de unas elecciones (el 16-N) históricas por la retirada de la escena política de Jordi Pujol, que deja como delfín a Artur Mas, con un resultado más abierto que nunca.
Según la Generalitat, crear un operador público "tiene como objetivo garantizar que, desde cualquier núcleo de población de Cataluña, se pueda acceder a los servicios de telecomunicaciones avanzados". El Gobierno nacionalista ha mantenido hasta ahora que este objetivo estaba ya cubierto gracias al acceso a la banda ancha, mediante la tecnología ADSL, que tiene garantizado más del 92% de la población catalana en virtud del pacto que cerró hace exactamente tres años con la Telefónica de Juan Villalonga. El pacto, que se ha cumplido, garantizaba una cobertura aún mayor con la tecnología RDSI y también contar con un red troncal de fibra óptica en el territorio. Hace unos meses, fue ampliado a varios centenares de polígonos industriales.
Estos pactos son lo que ha quedado de las promesas de Villalonga a Pujol: la sede social (menos de 15 personas) y fiscal (disputada por Madrid) de Terra, crear en Barcelona una importante compañía de logística por Internet Zeleris, que en Cataluña nunca llegó a operar, y potenciar el I+D. Telefónica, que, salvo el concurso de móviles de la Generalitat, se adjudicó los restantes, ha abierto su centro de I+D más pequeño en España.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 22 de octubre de 2003