El Congreso colombiano probablemente hubiera aprobado la mayoría de las enmiendas constitucionales propuestas por Álvaro Uribe en el referéndum del próximo sábado, antesala de importantes ajustes fiscales y transformaciones políticas, pero el presidente apostó por su popularidad y por la consulta para, entre otras razones, evitar negociaciones que le obligarían a limitar los cambios. La oposición protesta: el gobernante, aplaudido por el 75% de sus compatriotas, según Gallup, abusa pérfidamente de la democracia para imponer un autoritarismo en el que el Ejecutivo ahogará las prerrogativas del legislativo y del Estado de derecho.
El lema del referéndum -"contra la politiquería y la corrupción"- es atractivo en una nación harta de sinvergüenzas y prebendas, y sus 15 preguntas, el punto de arranque de cambios en el desprestigiado Congreso, de las inversiones estatales o en la cuantía de los salarios públicos y pensiones. La oposición denuncia truco: "Como todos estamos tan aburridos, tan exacerbados con los actos terribles e irracionales de los grupos alzados en armas, pues ocurre que la gente está dispuesta a que le rebajen el salario siempre que derroten militarmente a la guerrilla", advirtió el senador Carlos Gaviria. "Si reducen a las autodefensas (paramilitares), pues que nos congelen las pensiones".
El conservador presidente colombiano, investido el 7 de agosto de 2002, después de haber sido elegido en la primera vuelta del 26 de mayo con el 53% de los votos, subraya que sus adversarios exageran o mienten. Contrariamente, según argumenta, se trata de fortalecer la democracia y acabar con prácticas legislativas corruptas, apuntillar privilegios espurios y establecer una austeridad financiera que facilite el ahorro, impida la bancarrota nacional y envie señales de confianza a los mercados internacionales e instituciones de crédito. "Si ganamos podremos negociar mejor la reestructuración de la deuda, los intereses de los préstamos, y estaremos en mejores condiciones para combatir a las guerrillas", dijo una fuente oficial.
El referéndum plantea reducir de 268 a 218 los escaños del Congreso y modificar el acceso al hemiciclo, despoja de derechos políticos a los culpables de fraude al Estado, anula las suplencias de diputados y senadores, que devengan salarios sin haber sido elegidos, reduce las pensiones de los congresistas, congela durante dos años los salarios de los empleados públicos y elimina los regímenes fiscales especiales. Las votaciones de los cargos públicos deberán efectuarse con carácter nominal, uno por uno, con nombres y apellidos, para que los electores conozcan las posiciones de los elegidos y se acabe con los pactos secretos y de camarilla.
Uribe suprime las auditorias de los dineros públicos a cargo de las autoridades locales, imputándoles ineficacia, o corrupción en muchos casos, y transfiere sus competencias a la Contraloría General de la República. Asimismo, se congelan durante dos años los gastos de funcionamiento de los 32 gobiernos y entidades territoriales de Colombia.
Un total de 25 millones de personas podrán pronunciarse en la consulta y debe hacerlo el 25% del padrón, equivalente a 6,2 millones de papeletas, para que sea validada. Como los votos negativos suman, la oposición llama a la abstención a fin de que no se alcancen los 6,2 millones de sufragios. Una derrota de la propuesta presidencial castigaría su imagen, hasta ahora bastante intacta, a pesar de los denunciados excesos contra varias organizaciones no gubernamentales y defensores de los derechos humanos, a los que calificó de "cómplices del terrorismo".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de octubre de 2003