Una definición de Estados Unidos del imperio de la Ley es ésta: "Todos tienen el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, y nadie tiene el derecho de arrebatarle a otro su derecho a la vida, libertad y propiedad por la fuerza física o con fraude" (Richard Rahn). Cientos de miles de leyes, articuladas y mil veces enmendadas, confunden en España esta definición tan sencilla. Es fácil convenir en que las leyes son para "todos": pero las hacen quienes tienen el poder legislativo, y no siempre legislan para todos. La intención de Mayor Oreja, que transmite a su partido, es modificar el Código Penal para que el presidente del Parlamento vasco pueda ir a la cárcel por no obedecer una sentencia, y resolver de manera tan drástica un conflicto de jurisdicciones.
Dos series principales de problemas. Una de ellas es política y, por lo tanto, admisible: la política es impura, circunstancial, contradictoria y se aplica sin más ética que la del que manda: se puede discutir si esa acción puede ayudar a la lucha contra el terrorismo e inclinar al País Vasco hacia España. Mi respuesta es que no, y que redundaría en lo que lleva haciendo el PP desde hace años: trasladar el terrorismo al terreno de la autonomía, del Estatuto y de la población vasca. Creo que la política de Aznar es la peor que se ha hecho frente al problema vasco. Hoy los crímenes terroristas han descendido voluntariamente y la oposición al Gobierno español ha aumentado.
La otra serie es moral, corresponde a la sociedad y las definiciones de ética, o formas de convivencia: si algo que hiere al cuerpo legislativo organizado en partido de gobierno no es delito, no se puede convertir en delito modificando el Código Penal; si se modifica, la negación de la retroactividad es un principio básico. Esta posible violación, tan fuerte que quizá no se produzca ni siquiera en este caso, es mala para la sociedad en general y para la idea del respeto a las leyes que existen.
En todo lo que está haciendo Aznar para dar al final voluntario de su mandato una apoteosis wagneriana hay un testamento de fuerza, coacción y represión. Hay una contradicción flagrante entre su promesa civil de dimisión, más allá de lo necesario en democracia, y la psicología del dictador que quiere cambiar el país después de irse: atado y bien atado. La esperanza de que esto se advierta antes de las urnas es muy tenue.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 24 de octubre de 2003