El uso sostenible del agua es "un objetivo prioritario en la Comunidad Valenciana", de acuerdo con el anteproyecto de ley de ordenación, y su defensa entraña las mayores restricciones al desarrollo urbano futuro.
De acuerdo con la actual redacción de la norma, "no se podrá autorizar la implantación de usos residenciales, industriales, terciarios, agrícolas que implique el incremento del consumo de agua, sin la debida certificación emitida por el organismo de cuenca competente sobre su disponibilidad". El texto añade también la necesaria "compatibilidad con los planes hidrológicos previstos".
Los ayuntamientos anticiparán tales problemas cuando redacten los planes generales relativos a los usos del suelo en sus términos municipales y evitarán el desarrollo de zonas donde la escasez de recursos no permita garantizar la potabilidad del agua.
Las precisiones sobre el uso racional del agua subrayan la complicada situación hídrica de la Comunidad Valenciana y superarían cualquier examen de sostenibilidad. De hecho, las disposiciones relativas a la protección de las masas de agua, tanto superficiales como artificiales o subterráneas, responden a directivas de la Unión Europea. El mérito del anteproyecto reside en que tales directrices se incorporan por primera vez a una ley española.
La actual redacción del anteproyecto de ley de ordenación territorial también establece una zona de protección alrededor de cualquier humedal de 300 metros en torno a su perímetro exterior.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 26 de octubre de 2003