El Ministerio de Agricultura tiene previsto en las próximas semanas iniciar conversaciones con las comunidades autónomas para negociar un desarrollo de la Ley del Vino que se aprobó en el Congreso en contra de todos los partidos de la oposición y el sector el pasado mes de junio. Con estas negociaciones, la Administración central pretende evitar que varios Gobiernos regionales recurran dicha normativa ante el Tribunal Constitucional por considerar que invade competencias propias, en algunos casos reguladas ya con sus propias leyes. Hasta la fecha, Cataluña tiene anunciado un recurso, mientras Castilla-La Mancha pretende agotar todas las vías de negociación. Esta ley sustituye al Estatuto de la Viña, el Vino y los Alcoholes de los años setenta.
Entre los puntos más polémicos de la nueva disposición se halla la regulación de los Consejos Reguladores, donde la nueva ley hace una división entre las competencias en materia de control y de gestión. Igualmente, contiene una serie de definiciones y sanciones donde las comunidades autónomas entienden tienen competencias al margen de la Administración central.
Desde las filas socialistas, el portavoz de Agricultura Jesús Cuadrado insiste en señalar que se trata de una ley sin sentido que nació muerta al no contar con el respaldo del sector y comunidades autónomas. En su opinión, lejos de aportar soluciones, sólo viene a complicar más las cosas, y de ahí el interés de Agricultura ahora en negociar para que la ley no sea una fuente de conflictos. "Para llegar a esta situación", señala, "era mejor no haberla aprobado".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 27 de octubre de 2003