La abstención registrada en el referéndum constitucional "contra la corrupción y la politiquería" complicó el proyecto político del presidente colombiano, Álvaro Uribe. Escrutado el 97,9% de los votos, ayer no se había alcanzado el 25% de participación exigido para su validación: 6.267.443 votos. El conteo del 2,1% restante podría acabar validándolo, pero la mayoría de las 15 preguntas gubernamentales probablemente quedará derrotada. Uribe deberá recurrir al Congreso o a los decretos para sacar adelante sus reformas políticas y fiscales.
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"Falta mucho sentido de pertenencia a Colombia", lamentó el arzobispo de Manizales, Fabio Betancur, al comentar la elevada abstención. "Un bautizado maduro es capaz de dejar otros compromisos para cumplir con su compromiso cívico". Un total de 25.069.379 colombianos tenía derecho a voto. De hecho fueron 15 referendos porque cada una de las 15 preguntas se votó de manera independiente y su validación exige una participación mínima del 25% del censo electoral. Una pregunta queda aprobada cuando obtiene la mitad de las papeletas emitidas, siempre que haya sido votada por un mínimo de 6.267.443 personas. La complejidad del cuestionario, la campaña por la abstención y una inveterada apatía determinaron la escasa participación.
"Tenemos un sabor agridulce", reconoció Diego Hurtado, dirigente del movimiento Colombianos por el Referendo. Visiblemente cariacontecidos, los portavoces oficiales, incluido el ministro de Interior y Justicia, Fernando Londoño, revelaban la contrariedad: "Gana la democracia. El pueblo ha demostrado su madurez", repetían, casi de oficio.
La campaña del Gobierno había sido masiva y omnipresente, y Uribe confiaba en una popularidad superior al 70% en todas las encuestas. Pero el referéndum demostró que no era endosable automáticamente. La victoria oficial será pírrica si finalmente el conteo del 2.1% pendiente, que será conocido en los próximos días, agrega los 11.666 votos que validarían el referéndum. Hasta ayer ninguna pregunta había sido aprobada.
La directora de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Almabeatriz Rengifo, comunicó a la una de la madrugada del domingo (hora local) que se interrumpía el escrutinio a la espera de los últimos sufragios, en zonas remotas y hostigadas por las guerrillas. La metodología en la difusión "sembró el olor del fraude" para la senadora Piedad Córdoba, dirigente del Partido Liberal.
El oficialismo siguió el escrutinio con el corazón encogido porque arrancó incierto, repuntó favorablemente y prosiguió mortecino hasta la suspensión. La reforma política a través de una consulta directa a la ciudadanía fue la principal promesa de Uribe durante su investidura, en agosto del año 2002.
El varapalo ha sido severo, pero el gancho del conservador y autoritario gobernante sigue pujante, pues ganó las generales con 5.800.000 votos y en el referéndum, que fue considerado como una suerte de plebiscito sobre su gestión, sumó hasta ahora 6.256.777. Previsiblemente, nueve de las 15 preguntas no llegarán al 25% de participación, entre ellas la congelación de los salarios de los funcionarios. Cada pregunta sumó entre 5.837.114 y 5.286.021 votos afirmativos. Pero cada una de ellas necesita un mínimo de 6.267.443, incluidos los negativos en la suma, para su validación.
Muerte política
Sólo cuatro rozaban el mínimo exigido: la muerte política de los corruptos (24,96%, la más alta puntuación), el voto nominal y público, la eliminación de los legisladores suplentes, el tope en las pensiones y la consulta del Congreso a la ciudadanía durante la preparación del presupuesto. La reducción del Congreso, de 267 a 218 miembros, queda casi descartada al obtener el 22,7%. "Los votantes han podido pensar que restábamos representatividad al Congreso, cuando no era esa la idea", según el senador oficialista Rafael Pardo. Tampoco se arrebatará a los presidentes de las Cámaras Legislativas el poder de manejar su propio presupuesto y suscribir contratos.
Las nuevas cautelas contra los "auxilios parlamentarios", el dinero entregado a los congresistas para hacer política, no prosperaron. Prohibidos en la Constitución de 1991, el Gobierno proclamó que se endurecía su fraudulento uso. La oposición sostuvo la corrupción revestiría nuevas modalidades con la reforma constitucional propuesta.
Varapalo al proyecto de ajuste fiscal
La abstención complica el margen de maniobra del Gobierno para acometer los pretendidos ajustes fiscales. La reducción de los gastos de funcionamiento del Estado, el cierre de oficinas gubernamentales y la congelación de los salarios de buena parte del millón de empleados públicos, durante dos años, no recibieron el apoyo esperado. Las prisas del Gobierno en aplicar las reformas, tampoco. Sólo el 23,6% de los votantes apoyó la aplicación inmediata de aquellas que fueran aprobadas. Tampoco fue entusiasta la iniciativa contra la atomización política: sólo el 23,68% refrendó la pregunta que prohibiría participar en las elecciones a los partidos con menos del 2% de apoyo popular y en las presidenciales, si no suman el 5%.
El presidente Uribe había proclamado que el fin de los recortes era disponer de más ahorro para obras sociales y ordenar las finanzas nacionales para evitar crisis como la argentina. La oposición y los sindicatos argumentaron que esa austeridad sería encajada por los pobres.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 27 de octubre de 2003