El presidente la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Siro García, encargado del juicio contra los narcos de la Operación Carro, seis de los cuales huyeron antes de iniciarse el juicio el pasado lunes, contradijo ayer al ministro de Justicia y negó que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vaya a suponer novedad alguna en el cómputo de los plazos de prisión preventiva para los narcotraficantes. A raíz del escándalo por la fuga de seis narcos de la Operación Carro, contra la introducción en España de más de 800 kilos de heroína, el ministro de Justicia, José María Michavila, intervino en la Cadena SER para subrayar que con la reforma del artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entró en vigor el martes, se evitarían hechos como ésos. Se trata de "una reforma eficaz y decidida para evitar que hechos como éstos, que vienen siendo frecuentes, se produzcan", dijo Michavila. "No puede ser que haya una persona que esté en prisión cuatro años y salga sin ser juzgado", añadió el ministro.
Tras la intervención del ministro, el presidente de la Sala Penal, Siro García, ratificó en antena que en la ley reformada "no hay novedad alguna, salvo un pequeño cambio terminológico". "Ya decía la anterior redacción de la ley de Enjuiciamiento Criminal que para determinar los plazos máximos de prisión provisional no se computaría el tiempo que la causa hubiera sufrido dilaciones no imputables a la Administración de Justicia. Eso, con breves diferencias terminológicas, es lo que se dice también en la nueva redacción del artículo 504 de la ley. Es decir, que la situación no ha cambiado", insistió Siro García. Sin embargo, fuentes jurídicas precisaron que una parte de la reforma de la prisión provisional acordada por el Senado quedó fuera del BOE, porque la ausencia de un centenar de diputados el pasado 23 de septiembre impidió su aprobación cuando el texto regresó al Congreso.
Nuevas medidas
Según esas fuentes, entre las medidas que han quedado pendientes y que han sido introducidas en la reforma del Código Penal que comienza a debatirse hoy en el Senado, figura la de que cuando un preso cumpla las dos terceras partes del máximo de cuatro años en prisión preventiva, el fiscal y el juez tendrán la obligación de comunicarlo al presidente de la Sala de Gobierno y al fiscal jefe para dotar al procedimiento de la máxima celeridad y que su tramitación tenga preferencia sobre el resto. Además, las medidas cautelares de prisión provisional se anotarán en un registro central de ámbito nacional.
En la actualidad hay unos 200 presos preventivos por narcotráfico en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), que son los considerados más peligrosos por su relevante vinculación a carteles de la droga y con capacidad de contratación de abogados.
Entretanto, ayer prosiguió en la Audiencia Nacional el juicio contra los restantes implicados en la Operación Carro, cuatro de los cuales se opusieron a la petición del fiscal de que se amplíe en cinco meses su plazo de prisión preventiva por dilaciones indebidas de sus abogados. Por su parte, el portavoz de Justicia del PSOE, Javier Barrero, atribuyó a la " irresponsabilidad" del Gobierno la fuga de los narcotraficantes y criticó la "desfachatez" del Gobierno por salir "de manera provocativa" a los medios de comunicación tratando de quitarse la responsabilidad de esas fugas. Las asociaciones judiciales no entraron a valorar las circunstancias de la fuga de los narcos, pero Jueces para la Democracia la consideró "escandalosa" y la Asociación Profesional de la Magistratura dijo que es "habitual" que los abogados de narcotraficantes provoquen retrasos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de octubre de 2003