El Ayuntamiento de Marbella dio ayer el visto bueno a la construcción de 1.400 viviendas y dos centros comerciales conforme al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, el único que reconoce la Junta de Andalucía. El hecho de que la autorización se ajuste a la ley vigente motivó que este paquete de licencias, que se encuentran englobadas en 17 estudios de detalle, contase con los votos favorables de todos los grupos, durante el primer pleno de carácter ordinario que se celebra tras la presentación en agosto de la moción de censura contra el anterior alcalde, Julián Muñoz.
El equipo de gobierno -formado por tránsfugas del GIL, PSOE y PA- y la oposición tardaron escasos minutos en despachar estas primeras 17 licencias, que habían sido tratadas previamente en una comisión informativa de urbanismo. Un tiempo que los portavoces del PSOE y PP, Silvestre Puertas y Ángeles Muñoz, emplearon en asegurar que aprobarán todos aquellos asuntos "que cuenten con todos los informes técnicos y jurídicos, y que se ajusten sobre todo al PGOU vigente".
Sin embargo, este consenso inicial no se extendió a la petición de los dos ediles para que se debatiese, dentro de los asuntos urgentes de la sesión plenaria, dos mociones que planteaban la necesidad de iniciar la redacción de un nuevo planeamiento urbanístico acorde a la legalidad vigente, como exigió en su última resolución la comisión provincial de Urbanismo. Un tema que la alcaldesa, Marisol Yagüe, pospuso para una futura comisión informativa que podría celebrarse la próxima semana.
Mixto A, B y C
Pero el pleno puso una vez más de manifiesto la falta de control por parte de Yagüe en su funcionamiento, un hecho agudizado sin duda por la existencia de siete grupos municipales: Grupo Mixto A, Grupo Mixto B, Grupo municipal socialista, PSOE, PP, PA y desde ayer también el Grupo Mixto C. La constitución de este último se produce tras la integración en el mismo del único concejal que quedaba del GIL, Rafael González, expedientado hace dos semanas por Jesús Gil.
La sesión plenaria, en la que también se aprobaron dos rotondas y un soterramiento para solventar los problemas de tráfico, estuvo llena de gazapos. El príncipe Alfonso de Hohenlohe recibió, además del nombramiento de "hijo adoptivo predilecto", la consideración de "su alteza real" por parte del gobierno de Yagüe, hasta en dos ocasiones. A Julián Muñoz le traicionó su subconsciente con el "polvo sonda", y Yagüe introdujo una nueva palabra, "amordazimiento", para insistir en que no pretenden impedir la participación de la oposición. El desbarajuste provocó además que PP y PSOE tuviesen que presentar las mociones dentro del apartado de ruegos y preguntas, una iniciativa a la que se sumaron el grupo de ediles fieles a Julián Muñoz.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de noviembre de 2003