El pleno del Tribunal de L'Aquila, una provincia del norte de Italia, suspendió ayer una orden judicial que ordenaba retirar un crucifijo de un aula de parvulario. No lo hizo porque la orden del juez, emitida el 23 de octubre, no se ajustara a derecho, sino porque había causado "un grave daño social". El crucifijo escolar de un pueblecito llamado Ófena se había convertido en el centro de una formidable polémica. Juan Pablo II volvió a defender ayer la presencia de la cruz en las aulas como "reconocimiento del patrimonio religioso de la sociedad".
La cruz de Ófena tocó uno de los nervios más sensibles de Italia. En parte, porque quien había pedido su retirada había sido un activista musulmán llamado Adel Smith, célebre por su talento para la provocación. Smith, padre de dos alumnos del parvulario, financiado con fondos públicos, argumentó ante un juez que el crucifijo suponía una discriminación para los niños no cristianos, y el juez le dio la razón. La mayoría de los 600 habitantes de Ófena, primero, y la mayoría de la clase política italiana, después, se encresparon contra la orden judicial.
El rechazo suscitado por la figura de Smith fue un factor secundario. La erupción de opiniones, indignaciones y manifestaciones tuvo causas más profundas. La crisis de la cruz de Ófena demostró que el catolicismo seguía siendo, quizá más que en los años setenta u ochenta, la fuerza hegemónica en el país. Eso ya había quedado claro unas semanas atrás, cuando numerosos diputados de izquierda apelaron a su religión para unirse a la derecha y votar contra una propuesta que reducía de tres a un año el tiempo mínimo necesario para obtener el divorcio. Los políticos, en general, argumentaron que la cruz era más que un símbolo religioso. Miembros del Gobierno de Silvio Berlusconi afirmaron que era "un símbolo de tolerancia".
El Ministerio de Educación presentó inmediatamente un recurso contra la orden judicial, mientras la alcaldesa de Ófena, Annamaria Coletti, cerraba la escuela para evitar que se tocara la cruz, y Mario Montanari, el joven magistrado que había dado la razón a Adel Smith, se tomaba unas breves vacaciones por consejo de sus superiores. El Tribunal de L'Aquila optó ayer por dejar en suspenso la orden y citar para el próximo 19 de noviembre a las tres partes en litigio (el ministerio, el Instituto Escolástico de Navelli como responsable de la escuela y Adel Smith) con el fin de examinar el caso y tomar una decisión definitiva. El tribunal se basó en un artículo de las leyes procesales que permitía suspender una decisión judicial cuando ésta causara "un grave daño" a la sociedad, aunque fuera técnicamente correcta.
El papa Juan Pablo II, que ya se refirió al asunto días atrás, insistió ayer en que "el respeto al patrimonio religioso" de una sociedad como la italiana requería "el reconocimiento de los símbolos", fundamentalmente el crucifijo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de noviembre de 2003