La constructora cordobesa Prasa transfirió a finales de agosto 300.000 euros al Ayuntamiento de Estepona como donación para que se destinasen a sufragar gastos de personal. Este importante "donativo" de la empresa, con intereses inmobiliarios en el pueblo, se produjo dos semanas después de que el interventor municipal emitiese un informe en el que señalaba que no existía suficiente crédito para hacer frente a la contratación de una veintena de cargos de confianza propuesta pocos días antes por el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE).
Prasa notificó al jefe del gabinete de la alcaldía, José Flores, la transferencia del dinero el 28 de agosto. Sin embargo, no especificó su finalidad hasta el 25 de septiembre a través de un fax remitido al concejal de Hacienda de Estepona, Manuel Reina. En este documento, el presidente del Grupo Prasa, José Romero González, señala que esos 300.000 euros debían considerarse "como donación a financiar única y exclusivamente el capítulo 1 de personal del presupuesto de gastos de ese Ayuntamiento". Según el PP, la constructora donó también 60.000 euros para la Semana de Cine del municipio.
Prasa cuenta con importantes intereses urbanísticos en Estepona, desde terrenos procedentes de la herencia Nadal hasta un hotel en construcción, que fue autorizado bajo el mandato de Jesús Gil Marín. Las obras de este establecimiento hotelero, que exceden el volumen y altura permitidos por el PGOU e incumplen la Ley de Costas, fueron paralizadas en 2002 por el anterior gobierno del PP tras una denuncia de IU. En julio de este año, Barrientos volvió a paralizar las obras, a la espera de un informe de la Diputación.
El Pleno municipal, el pasado 10 de octubre -tras la "donación"- , aprobó con los votos a favor de todos los grupos (incluidos PSOE y PP), una modificación de elementos en otros terrenos propiedad de Prasa. Se aumentó la edificabilidad, se cambió el uso en el tipo de edificación y se rediseñaron los viales. Según el portavoz popular, Ignacio Mena, este mismo expediente contó con el rechazo de los socialistas, encabezados por el propio Barrientos, cuando fue presentado en la anterior legislatura por el PP, que gobernaba con ex ediles del GIL. Mena destacó además que la modificación respaldada ahora por el actual gobierno (PSOE, IU y PES, antiguos ediles del GIL) pertenece a un expediente que también fue rechazado en su día por la Comisión Provincial de Urbanismo.
El alcalde de Estepona indicó ayer que el cambio de postura de su partido en esta modificación se debe a que ha renegociado el convenio con Prasa, que ahora pagará 4,8 millones de euros en aprovechamientos, el doble que cuando el PP aprobó el cambio. Sobre la donación destinada a pagar sueldos, Barrientos afirmó que se trata de "una aportación voluntaria de Prasa", que no está ligada a ningún convenio urbanístico concreto y que "se ha hecho de forma legal". "Se pueden solicitar aportaciones voluntarias siempre que defiendan intereses municipales", justificó. Pese a la donación, el interventor municipal insistió el pasado 23 de octubre en que la contratación de los asesores "es nula de pleno derecho".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de noviembre de 2003